Que la mordaza apriete, pero no ahogue

La Plataforma ‘No Somos Delito’, formada por más de 70 organizaciones de activistas, juristas, y ciudadanos, nace con el ánimo de informar acerca del significado de la Reforma del Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, así como el objetivo de ejercer presión para que estas reformas no se aprueben. Se trata de un colectivo que lleva más de un año denunciando las consecuencias de este Proyecto de Ley que forma parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario como la Reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

No Somos Delito ha emprendido una movilización de la sociedad a través de distintas actividades, como charlas informativas, asambleas, concentraciones, talleres o teatro protesta. La plataforma denuncia que en dicha Reforma del Código Penal se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no suponen un peligro para la sociedad, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades de dinero.

Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se dará vía libre a las fuerzas de seguridad del Estado para realizar redadas preventivas, para disolver manifestaciones basándose en percepciones muy subjetivas sin necesidad de prueba, vulnerando derechos humanos como la libertad de manifestación o expresión.

Contra la Ley Mordaza/VariaciónXXI

Marco legislativo

Una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la posible repercusión que dicha reforma pueda tener, es el carácter de la misma ley. Al tratarse de una Ley Orgánica, el Parlamento, necesita la mayoría absoluta para modificarla. El Partido Popular gobierna en la actualidad con dicha mayoría, lo que le permite proponer y aprobar reformas y leyes sin necesidad de consenso con los partidos de la oposición.

Además, pensando a largo plazo, de aprobarse el paquete de reformas, su posterior modificación o anulación será dificultosa. Con un panorama político tan convulso como el que vivimos, es poco probable que en las próximas elecciones algún partido obtenga la mayoría absoluta. Esto hará más complicado derogar la ley a posteriori, puesto que se necesitará acuerdo en el hemiciclo.

Según los últimos sondeos, el Partido Popular no obtendría la mayoría en las próximas elecciones, pero sí un bruto importante de votos, que harán casi imposible el acuerdo con la mayoría absoluta necesaria, bloqueando así el acceso a modificar las leyes que desean reformar ahora.

Principales reformas del Código Penal

¿Cuáles son las medidas que realmente nos afectan del mencionado paquete de reformas? Para responder a dicha cuestión realizaremos un análisis del proyecto de Código Penal.

Una de las variaciones que ha provocado más revuelo, es la tipificación de un nuevo delito en el artículo 559:

“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

Con esta variación, aparentemente inocente, cualquier activista o participante en una huelga o manifestación no autorizada por la Delegación de Gobierno, que deje constancia en las redes sociales de su apoyo o convoque y anime a la gente a acudir,  podrá ser responsabilizado penalmente por los disturbios que se produzcan en dicha manifestación. Única y exclusivamente por las consignas lanzadas en una red social.

Además otra de las nuevas reformas del Código Penal es la eliminación de las faltas, convirtiéndolas  o en delitos leves, o en sanciones de tipo administrativo. Con ello las penas por las anteriormente clasificadas como faltas, serán mayores sin ningún motivo que lo respalde. Pasarán de la falta al delito penal. Las que no se consideren delitos leves serán juzgados por la vía civil. No existe aparentemente una justificación para esta medida, puesto que los jugados contenciosos administrativos, es decir, de tipo civil, son aquellos más colapsados, y lentos, con lo que los juicios se verán aún más ralentizados.

Los integrantes de grupo de teatro denuncia en una performance/VariaciónXXI

No debemos olvidar que, además en 2012, se aprobó la Ley 10/2012 por la cual para reclamar o recurrir la decisión de un juez se deben pagar unas tasas judiciales. Esto quiere decir que si nos imputan por un cargo que se tramite por el juzgado de lo civil, deberemos pagar tasas si queremos interponer un recurso o una apelación de la sentencia. Es decir, por ejemplo, si a una persona se le imputa por algo que ni siquiera ha cometido, tendrá que pagar para su defensa. Es decir, ahora saldrá mucho menos gravosos cometer eso actos y que sean perseguidos por los juzgados como delito que no que te multen con una “simple” multa administrativa, donde tengas que pagar sustanciosas cuantías en concepto de multa y, además, todo el proceso civil que conlleve.

En añadidura, la reforma pretende establecer la llamada “prisión permanente revisable”, que no deja de ser un eufemismo de cadena perpetua. Este último punto de la reforma contradice nuestra Ley Fundamental, La Constitución Española que exige, en su artículo 25, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. En este marco legislativo, y garante de derechos, no hay cabida para penas vitalicias.

La reforma planteada modifica también la redacción del artículo 318 bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los extranjeros”. Por un lado, se castiga a quien ayude a una persona en situación irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias. Sin embargo, no se define qué supone “prestar ayuda por razones humanitarias”, lo que deja un amplio margen de interpretación.

 Principales reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana

En el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, serán muchos los supuestos contemplados en ella, unos modificados, y otros añadidos. Esta Ley Orgánica es de carácter gradual según la gravedad considerada del acto en cuestión.

• INFRACCIONES MUY GRAVES (multa de 30.001 a 600.000 euros)

Algunas de las más destacables son:

“Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación.”

Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M, el conocido fenómeno, PÁSALO. Utilizando los medios de comunicación de masas del momento, como los SMS una asombrosa cantidad de gente indignada, organizó concentración silenciosa por la verdad frente a la sede del PP en la calle Génova. La gente exigía al gobierno que informase, que los medios informasen, que el gobierno asumiera su responsabilidad, y que dejase de mentir a un país entero, que a través de internet y los teléfonos móviles iban conectándose con el mundo entero. A partir de la aprobación de esta ley, ejercer este derecho democrático, será punible.

“Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.”

Esto podrá incluir fiestas “culturales” como los toros, cualquier acto eclesiástico o actos considerados por el gobierno como reunión numerosa licita. Y no cualquiera será considerada como tal, puesto que en otro punto de esta misma reforma, también entre las infracciones muy graves, podemos leer:

“Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.”

Sin embargo, como podemos venir observando en el conjunto del paquete reformador, no se nos explica que criterios harán que una actividad o acto público sea considerado licito o no. La subjetividad de la reforma dejará al gobierno libre interpretación de la ley.

• INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros)

En este apartado vemos nuevas medidas como:

“Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.”

Esta medida fue una de las más sonadas, puesto que coarta totalmente la libertad de manifestación, que debiera de ser garantizado en el estado de derecho. Es evidente que un gobierno que pretende regularizar las manifestaciones con sus propios criterios dista mucho de la democracia activa que se presupone existe en este país.

“Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.”

Algunos de los integrantes de No Somos Delito durante una concentración en el Congreso de los Diputados/VariaciónXXI

Esta medida junto con las que limitan el derecho a reunión en la vía pública, sitúa fuera de la ley acciones de protesta civil pacífica que los jueces han considerado lícitas en innumerables sentencias. Estas nuevas infracciones graves son destinadas a colectivos civiles como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Yayoflautas, a los que se podrá sancionar por parar desahucios u ocupar oficinas bancarias para reivindicar sus derechos.

De nuevo la opacidad con la que está redactada el proyecto de ley resulta alarmante, así como la ambigüedad con la que se tratan términos como “desobediencia” “ejercicio de sus funciones” “prevención del delito”.

Estos actos, ya recogidos en las anteriores legislaciones como infracciones, pasarán a ser graves, por lo que las multas podrán llegar a triplicarse o cuadruplicarse según los casos.

• INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):

En el apartado de las infracciones de carácter leve encontraremos reformas tales como:

“Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.”

No queda especificado que supone atentar contra la imagen de un agente, o poner en peligro la intervención policial y deja a la interpretación gubernamental si un video o foto de un agente pueda considerarse como tal.  Esto puede suponer una traba a la hora de denunciar o sacar a la luz abusos de poder, ejercicios injustificados de la violencia policial, etc…

“Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.”

El derecho de expresión está recogido en nuestra Ley Fundamental Constituyente, y como tal, ninguna ley menor puede negar un derecho fundamental. El ejercicio de la democracia se basa en el control que los gobernados ejercen sobre los gobernantes, para que el gobierno no se vuelva despótico. La “falta de respeto” a una institución, autoridad o empleado público, puede ir desde un chiste en una red social hasta una dura crítica, desde una caricatura hasta un escrito de protesta.

“La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.” “Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.”“Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad”

Esto se ve en la calle como una reacción ante los sucesos del 15M, en el que el gobierno quiere poner trabas a la expresión ciudadana, aunque sea en forma de una protesta pacífica, una sentada, o actividades culturales autogestionadas abiertas a todos en lugares que llevan abandonados años.

 La plataforma No somos delito, denuncia que son medidas que no están orientadas al mero orden social, sino a la restricción y control de las voces disidentes.

No somos delito trabaja en distintos formatos para detener la aprobación de dicha ley, o al menos para paralizarla hasta que el PP agote su candidatura, y sea un parlamento plural el que vote el proyecto.

Han organizado multitud de eventos, en solitario y junto con otras organizaciones, charlas, manifestaciones y performances. De hecho, una de las cosas que diferencia a esta plataforma, es su grupo de teatro reivindicativo, que desde hace meses actúa por las calles de Madrid para concienciar a la gente de los cambios que este proyecto de ley puede traernos a todos.

La plataforma anuncia este paquete reformador como un panorama desolador para las libertades públicas, que es el último colofón de una política de censura administrativa de la que comenzó con la conocida Ley Sinde.

Tres miembros del grupo de teatro denuncia de No Somos Delito/VariaciónXXI

Esta ley, supone un incrementar el control administrativo de internet, posibilitando el cierre de páginas web sin intervención judicial previa, al convertir a los proveedores de servicios de alojamiento, enlace, publicidad y sistemas de pago en cómplices forzosos de la censura, bajo la coacción de la multa administrativa, además de gravarla con un nuevo canon destinado a impedir el ejercicio del derecho a enlazar.

Sustituir las garantías del proceso penal por sanciones administrativas tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios.

Además desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas seguidos contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal.

Activismo desde el arte: Teatro Denuncia

No Somos Delito cuenta con una extensión de acción de calle: el Grupo de Teatro Denuncia. Se trata de un colectivo surgido a raíz de la plataforma que tiene como base las mismas reivindicaciones, pero ofrece una manera artística de acercarlas a la población.

Mientras las personas que forman parte de la plataforma se reúnen los lunes para abordar las cuestiones legales, así como el mantenimiento de la web y los comunicados pertinentes, el Grupo de Teatro sigue otra dinámica. Se reúne los miércoles a las 6 de la tarde en el centro social okupado La Quimera de Lavapiés, en la plaza Nelson Mandela. Allí preparan una serie de acciones a través de técnicas tales como el teatro denuncia, el teatro del oprimido, teatro foro y teatro invisible, todas ellas orientadas a la representación en la calle con fines reivindicativos. Así pues, durante el resto de la semana y antes de la habitual reunión de los lunes de la plataforma, el ensayo se transforma en realidad en las calles de Madrid. El objetivo fundamental: dar a conocer a la población los peligros de la aprobación de dicha ley, salir de los círculos del activismo donde esta información ya se conoce y extender la reivindicación al resto.

Entre sus principales lemas encontramos:

Me equivoco, luego existo. Dime lo mejor y afrontaré lo peor. Nadie enseña si nadie aprende. ¡Tod@s para un@ y un@ para tod@s! Lo bueno si nuevo, dos veces bueno. La letra con humor entra.

Por lo tanto, encontramos en la plataforma No Somos Delito, así como en sus grupos de trabajo, un colectivo heterogéneo que lucha a contrarreloj para detener una ley que no se conoce tanto, pero no por ello carece de importancia. El pasado sábado 1 de noviembre consiguieron reunir a un número considerable de personas que, en medio de la Puerta del Sol, guardaron un minuto de silencio y permanecieron amordazadas. Que la mordaza apriete, pero no ahogue.