¿Dónde te busco, Madrid?

Hace cuarenta años Madrid y Londres tenían muchas diferencias en lo que a sus comercios se refiere. Actualmente, ¿sigue siendo así? La pérdida de identidad que se está produciendo en las ciudades, especialmente en las capitales, se ha visto acelerada en los últimos años con el crecimiento de grandes empresas, empresas que no entienden de fronteras, todo dentro de un marco en el que el que puede compra y el que compra tiene para comprar más. Así han ido desapareciendo pequeños comercios y han surgido grandes carteles luminosos, emes amarillas que cubren cada ciudad.

La conocida “crisis” ha aumentado la desigualdad de oportunidades que los pequeños comercios tienen frente a las voraces multinacionales. Un ejemplo de ello, McDonald’s registró en 2013 un alza en su beneficio neto de 2% a 5,600 millones de dólares, mientras dentro de la Comunidad los pequeños comercios no dejaban de colgar el cartel de cierre. Para el pequeño comercio la crisis puede suponer el fin, para las transnacionales no llega a ser más que un leve cosquilleo. El día 1 de enero del próximo año comienza a aplicarse la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, otro jaque a los pequeños comercios, pues muchos de ellos tendrán que cerrar al no poder hacer frente a la subida de los alquileres. No son los únicos que cerrarán ni los primeros. Madrid juega dentro de este marco en el que, según un estudio realizado en 2012, el 40% del valor de todas las transnacionales del mundo está controlado por un pequeño núcleo de 147 de ellas.

Por otro lado, dentro de las instituciones de la capital nos hemos encontrado con una espeluznante falta de información. ¿Cuántos locales se verán afectados por esta ley? ¿Hay algún estudio al respecto? ¿Una aproximación? Nos han enviado de un sitio a otro, lo que indica que ni las propias instituciones saben quién debería encargarse de esto. Incluso, a través de uno de los teléfonos públicos de la Comunidad, uno de sus funcionarios nos dijo textualmente “si no hay ningún estudio o dato será porque nadie se ha preocupado de hacerlo”.

Se aplican leyes de hace 20 años sin tener claras las repercusiones que tendrán en la actualidad, cierran negocios de hace más de un siglo…Sólo cabe la pregunta, la pregunta que sigue sin respuesta: Dónde te busco, Madrid.

La evolución de la ley

El próximo 1 de enero perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1985, el polémico decreto Boyer o lo que es más conocido como los alquileres de ”renta antigua”. Este decreto, creado por Miguel Boyer bajo el Gobierno de Felipe González, marcó un antes y un después en la historia de los arrendamientos urbanos suprimiendo la prórroga forzosa que con la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 se había establecido.

Básicamente el motor del decreto Boyer era eliminar la prórroga obligatoria vigente hasta entonces para rotar a los arrendatarios de los locales, recorrido que se completó diez años más tarde, cuando en 1994 se estableció una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que estableció una moratoria de veinte años para los arrendatarios de los locales anteriores a 1985 para acabar con esa prórroga forzosa y potenciar de esta manera el mercado inmobiliario en régimen de alquileres. Se calculó que para 2015 la gran mayoría de los empresarios se habrían jubilado dejando paso a una nueva generación que pudiera hacer uso de esos locales. Actualmente la de 1994 es la ley vigente y, como vaticinaba, veinte años desde 1994 convierten a este 2014 en el año elegido para cumplir sus efectos teniendo consecuencias a principios del año que comienza.

Esta moratoria que se aplica afectará a los contratos de arrendamiento constituidos antes del 9 de mayo de 1985, a los que les resultaba aplicable el régimen legal previsto por el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que era la que estaba vigente antes del decreto Boyer de 1985. Eran contratos de arrendamiento caracterizados por rentas muy bajas y períodos de duración muy largos, al estar sujetos a la prórroga forzosa.

El famoso “Decreto Boyer” estableció la posibilidad de las partes de pactar libremente la duración de los contratos de arrendamiento, sin estar sujetos al régimen de prórroga forzosa, pero lo aceptaba si las partes lo pactaban expresamente. Estos contratos se caracterizaron por establecer rentas elevadas y a la evolución del mercado inmobiliario en períodos de duración cortos.

Lo que no se previó al articular el Decreto Boyer fue la actual crisis económica que nos asola. Se pensó en que los arrendatarios ya estarían jubilados pero no se cayó en la cuenta de que hoy la jubilación es muy compleja y que los arrendatarios buscan alargar su ciclo laboral lo máximo posible y, por otro lado, también se quiso facilitar el acceso a los jóvenes emprendedores pero tampoco se pensó que estos emprendedores lo tienen difícil ya que no encuentran la financiación necesaria para poder pagar los alquileres que pretende la ley.

La C/Preciados repleta de grandes empresas.

Según Mariano Arévalo, asesor jurídico del PSOE, debemos recordar que “La ley del 94 fue aprobada por consenso de todas las formaciones políticas en aquel momento con el voto de IU que fue el único discrepante, el resto de formaciones de forma unánime la aprobaron, lo que quiere decir que es una ley de consenso.”
Sin embargo, según Francisco Nogales, encargado de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid por Izquierda Unida, “Esto empezó ya mal, con una ley sin un consenso previo ni un debate sobre lo que planteaba, que machacaba un poco lo que venía demandando la propia izquierda: por un lado permitía transformar viviendas en locales comerciales y por otro lado el Decreto Boyer de 1985 que suprimió la prórroga en los contratos, lo que machacaba también al propio inquilino. Por ese motivo al poco de aprobarse el Decreto, en la Asamblea General de Madrid, la portavoz de IU Isabel Villalonga presentó una proposición de ley para que fuera derogada la ley y en especial el artículo 8 y 9 que contemplaba estos dos supuestos.” Una cuestión que, para F.Nogales ya comenzó con problemáticas, sin consenso y de manera contradictoria o distinta a lo que la propia izquierda demandaba.

En conclusión: todos los arrendatarios de locales comerciales anteriores a 1985 deberán haber pactado con el propietario el nuevo precio del alquiler y, si no hay acuerdo, el negocio desaparecerá dejando un hueco, que dada la situación económica actual, raramente se verá ocupado por un particular. Es aquí donde entran en juego las multinacionales. Gigantes capitalistas que se convertirán, en muchas ocasiones, en los únicos con el suficiente colchón económico como para hacer frente a las subidas de estos alquileres. ¿Estamos ante un Madrid amenazado por la hostil desertificación cultural?

Los comerciantes

En el debate que se ha generado a raíz de la puesta en marcha de la ley se encuentran dos intereses contrapuestos: por un lado los arrendadores cobran un alquiler que en la actualidad debería ser mucho mayor. Los precios de las reformas son los actuales pero las rentas que reciben son las de hace décadas. Y por otro lado están los arrendatarios, que se encuentran con dos opciones: negociar o cerrar.

En Gran Vía, cerca de Plaza de España, hay una camisería. O había, tendremos que decir dentro de unos días. En la puerta podemos ver su muerte anunciada: “liquidación por cierre.” Fue diseñada por Teodoro Anasgasti, de caoba y mármol, con grandes lámparas que tanto han visto, pues esta camisería lleva allí desde 1957 aunque se fundó un siglo antes en la Puerta del Sol. Así nos lo cuenta su propietario, Ángel, que representa la cuarta generación de la camisería Hernando. Sus puertas cerrarán el 31 de diciembre. En este caso la negociación ha sido inviable ya que, nos explica, “los precios no se pueden afrontar porque la diferencia es enorme. Donde pagabas tres ahora tienes que pagar veinte.” Ya nos dijo Mariano Palacios, Concejal de UPyD que nadie puede decir que esta ley le pilla de sorpresa. Y es que esta muerte viene anunciándose desde hace 20 años y es por ello que Ángel, aunque no por ello sin tristeza, desprende aceptación. “Como vienes oliéndolo lo vas asumiendo. Lo único que te fastidia es que después de tantos años lo tengas que dejar, pero es la vida y es el momento.” Aunque no por ello deja de criticar que “cuando se hizo esta ley no se previó que iba a haber una crisis y que los alquileres subirían tanto. No hay posibilidad de negociación, el 31 de diciembre vence y lo único que tienes posibilidad de negociar es el nuevo contrato, pero como las cifras son tan dispares, en este negocio no se pueden afrontar.” No obstante, Ángel no piensa que las oportunidades del que fue su sitio serán de las multinacionales, sino de quien pueda afrontar los pagos y cuando le preguntamos si cree que se perderá identidad en la ciudad hace muestra de su experiencia y nos aclara que “como en todo, el tiempo lo dirá.”

La Camisería Hernando es uno de los negocios que va a cerrar.

En una situación más esperanzadora se encuentra Almudena, propietaria de Bisutería Otero, la bisutería más antigua de Madrid. Con un mobiliario que data de principios del siglo pasado, y artículos que recogen una gran gama de épocas y estilos. Su actual propietaria representa la tercera generación de la bisutería que fundaron sus abuelos. Al igual que Ángel, Almudena también sabía que llegaría la fecha. “Es algo que ya llevábamos asumiendo desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, siempre lo hemos tenido presente aunque la verdad es que pensábamos que iba a haber una cierta moratoria para que pudiera haber ciertas ayudas”, reconoce. Pero hay esperanza para esta pequeña bisutería ya que actualmente se encuentran intentando llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, “la negociación puede ser posible si ella se adapta a lo que yo puedo pagar porque la subida es enorme, entonces tiene que haber muy buena voluntad por parte del casero. Creo que en mi caso puede haberla pero en otras circunstancias no. Con esta ley cada caso es un mundo.”. Almudena no muestra enfado con los propietarios, “los caseros velan por sus propios intereses y los inquilinos por los nuestros, lo que tiene que haber es una conciliación entre las dos posturas pero tampoco les podemos pedir a los caseros que renieguen de sus derechos”. Pero sí piensa que tras la pérdida de puestos de trabajo lo que más le preocupa es la pérdida de carácter comercial y antiguo que perderá la ciudad cuando muchos de estos locales no puedan afrontar la subida de los alquileres.

La bisutería se encuentra negociando.

En el otro lado de la moneda, nos encontramos a Antonio, propietario de una empresa de carpetería fundada en 1890. Su situación es muy diferente a la de Ángel, y así nos lo cuenta. “Nosotros sabíamos que esto vencía el uno de enero y a partir de principios de este año empezamos a renegociarlo para evitar problemas y en mayo llegamos a un acuerdo con la administración y no hubo ningún problema. Hubo un aumento de un 20% sobre el precio antiguo y lo hemos considerado aceptable”.  Antonio se muestra esperanzado respecto al resto de locales y considera que habrá menos cierres de los que la gente cree. Algunos habrá, obviamente, pero menos de lo que la gente cree ya que, en su opinión, los dueños tienden a negociar porque perder un buen cliente que te pague sin problemas, nadie se lo va dejar escapar, es preferible ganar menos pero asegurártelo.

Así vemos realidades muy diferentes dentro de un mismo problema. Y es que en esta ley todo depende de lo que arrendadores y arrendatarios acuerden. Esta negociación- o la falta de ella- puede llevar al cierre o a la continuación de un local histórico en la ciudad.

La carpetería ha conseguido llegar a un acuerdo con el dueño del local.

Repercusiones económicas

Hemos consultado a Pablo Rodas, economista y director general de Chiclana9, en la búsqueda de un punto de vista más especializado. Con él, hablamos sobre cómo afecta esta ley a Madrid, como aflige al conjunto de la economía, su opinión sobre si se debe alargar la prórroga en un momento de crisis como el actual o si va a beneficiar a empresas multinacionales. Como tesis, podemos afirmar, que apoya la aplicación de la ley de una forma subsidiaria, que en ningún momento sustituya la voluntad de las partes. Opina que si no hay acuerdo entre ellas se puede acudir a la ley, pero lo fundamental, es el acuerdo entre arrendatario y arrendador.
Rodas argumenta que va a influir de dos maneras: en los inquilinos de forma negativa y en los propietarios positivamente porque van a tener incentivos a alquilar, cosa que hasta ahora no tenían, sin embargo, los inquilinos van a ver un incremento de su renta y van a tener que pagar más. “Yo creo que las prórrogas son válidas siempre y cuando haya voluntad de las partes”, aclara el economista. Afirma que en una economía de mercado como la que estamos hay que promover la iniciativa entre las personas. Citándole: “la ley no debe marcar exactamente el camino que hay que seguir, debe poner unos puntos de referencia amplios en los cuales las personas libremente puedan moverse”. A continuación, nos contesta si esta ley va a impulsar el conjunto de la economía. Teniendo en cuenta que todas las medidas económicas tardan un tiempo en tener una adaptación.

Plantea la posibilidad de que las prórrogas existan a nivel personal, “si yo tengo un local alquilado, por ejemplo, un restaurante, por el que estoy pagando 500 euros en la puerta del sol. En esta situación hipotética es un local de toda la vida, si ahora viene el dueño del local y me dice que por ley me tiene que subir el precio del local al alquiler mínimo que son 5000 euros. Yo le digo que no puedo pagarlo y me dirá: pues te tengo que echar. Él también se va a ver perjudicado como propietario y yo me voy a ver perjudicado porque me quedo en la calle y, también, todas las personas que tengo contratadas” explica el economista. Por otra parte, certifica que es una oportunidad para reactivar la economía ya que el dueño de la casa va a tener un incentivo mayor a alquilar.
Respecto al planteamiento que estamos desarrollando, sobre el posible beneficio de las empresas multinacionales, Pablo Rodas, afirma que puede favorecer a estas empresas porque tienen un recurso financiero con el que pueden asumir cometer cualquier proyecto.

Posibles soluciones

Acudimos a C/Mayor, 71 para que los partidos políticos nos expliquen sus diferentes opiniones, si las repercusiones que puede tener esta ley les preocupan lo suficiente como para incluirlas en su programa electoral o si han contemplado alguna solución. Nos reciben los concejales de UPYD, IU y PSOE. Intentamos contactar con el PP pero no obtuvimos respuesta. Nos sorprende que todos estén de acuerdo en que va a tener unas repercusiones en la identidad de Madrid pero que no tengan ninguna solución que quieran llevar al pleno.
En el vídeo mostramos un resumen de la posición que defiende cada partido:

UPYD: el acento en lo patrimonial
“¿Es cierto que en casos puntuales, en edificios puntuales y en actividades puntuales se ha producido una especie de daño colateral de efecto pernicioso no querido que afecta a formas tradicionales de comercio, a centros históricos, a imagen de ciudad, a marca de ciudad, a sabor de ciudad y, que eso puede ser digno de protección? Es cierto”, afirma Mariano Palacios, concejal. UPYD, en resumen, está de acuerdo con la aplicación de la ley, afirma que ya se ha cumplido el plazo estimado de adaptación y que la única opción viable es la de aplicarla, no obstante, reflexiona que puede haber unos matices: “poner el acento en lo patrimonial que es lo que todos también tenemos a la vista, esas fachadas, esos muebles, esa madera interior, esos mostradores…todo eso es protegible. Si se actúa en la protección creo que estamos garantizando en buena medida la viabilidad. Puede haber otras acciones de subvenciones al mantenimiento”.
Pero como grupo minoritario de la oposición no se plantean ser los promotores. “Nosotros como partido de la oposición no hemos mantenido ningún contacto serio, con algún comerciante sí, pero como con colectivos aún no”, afirma el concejal.
“En este punto concreto, hasta ahora no lo hemos propuesto porque el tema ha salido hace unos meses cuando ya se ha visto que llega el 1 de enero, cuando hemos tenido veinte años. En los tres años y medio que lleva UPYD con legislatura en el ayuntamiento no lo hemos propuesto y no tenemos previsto de aquí a los 4-6 plenos que quedan ser los autores de la iniciativa. Si otros lo proponen como el trabajo y la reflexión ya están hechos pues seguramente que sumaremos y aportaremos”, concluye.

IU: “hay que buscar una solución”
“Es una cuestión que desde el principio empezó con problemática. IU no estaba de acuerdo ya en aquel entonces, pero ahora con la situación que está ocurriendo hoy día, cuando se ha cumplido la demoratoria. Supone una subida astronómica en los alquileres de locales de negocio. Va a marcar todo el distrito centro” afirma Francisco Nogales, encargado de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid por Izquierda Unida.
IU apoya el planteamiento que hacen los comerciantes de la asociación de comerciantes del centro de Madrid: que se establezca una moratoria para que mientras pase la situación de crisis actual se puedan ir readaptando y llegar al fin del periodo con una adaptación que no perjudique ni a uno ni a otro o, al menos, que perjudique lo menos posible.
“Esto va a minar el pequeño comercio en los centros urbanos. Hay que dar una solución”, alega Nogales.

PSOE: la ley suele ir por detrás de los acontecimientos
“Entiendo que tiene que haber o debería haber por lo menos una comisión que estudiase el tema de una forma no demagógica, realista, tratando de buscar una solución. La situación política, además de la económica, no es la más adecuada. Tenemos un gobierno que es un continuo no a todo” expresa Mariano Arévalo.
Cuando le preguntamos por esa solución, contesta: “la ley suele ir por detrás de los acontecimientos. Es muy difícil que se haga una ley que te solucione un problema que todavía no ha surgido”. Por lo que, entendemos, tendremos que esperar a la aplicación de la ley para ver cómo se van resolviendo los acontecimientos.

Opinión de la gente

Hablamos con un cliente de la camisería Hernando, ha vivido en el centro durante prácticamente toda su vida y ha sido testigo del cambio de esta calle y de muchas otras. Se lamenta de que con esta ley se va a seguir perdiendo la identidad de Madrid, “va a entrar la piqueta y lo va a destrozar todo” dice. Otro cliente alega: “no van a encontrar ni estas lámparas, ni estos muebles… Ni Hugo Boss, ni Chanel, ni Loewe tiene esto, lo otro son contrachapados”.
Como expresó nuestro entrevistado Mariano Arévalo “la ley suele ir por detrás de los acontecimientos. Es muy difícil que se haga una ley que te solucione un problema que todavía no ha surgido”, también es difícil que sepamos con certeza que va a pasar a partir del 1 de enero de 2015. Pero aquí dejamos las cartas sobre la mesa y, cada uno que juzgue si esto va a ser positivo o negativo para Madrid.

El reportaje completo lo podéis encontrar aquí: