Ser búlgaro en España

A pesar de los intentos de la Unión Europea para fomentar la libre circulación de ciudadanos europeos en busca de trabajo, las instituciones españolas ponen trabas a aquellos inmigrantes que se encuentran en paro. Los ciudadanos búlgaros y rumanos son los más afectados por este vaivén burocrático. Dimitar es uno de los afectados: tras 7 años trabajando en España, las autoridades se niegan a renovar su NIE por estar parado. Si no encuentra trabajo en un margen de tiempo breve, amenazan con devolverle a Bulgaria, según la normativa internacional.

Dimitar, ciudadano búlgaro afectado/ V. Fernández, G. Millán

El pasado 1 de Enero de 2014, la Unión Europea (UE) levantó las restricciones de libre circulación de empleo a trabajadores con nacionalidad rumana y búlgara. Esta disposición, supone que los trabajadores búlgaros y rumanos puedan ejercer su derecho al trabajo en todos los Estados miembros sin necesidad de contar con un permiso laboral.

Una normativa que no se aplica

Sin embargo, en el caso de Dimitar, un ciudadano búlgaro que llegó a España con 23 años en busca de trabajo, la situación no está tan clara. Después de 7 años residiendo en nuestro país y desempeñando diferentes empleos, Dimitar afirma que las autoridades españolas se niegan a renovar su NIE por encontrarse parado. Además, asegura que le han informado de que si no encuentra un puesto de trabajo en un tiempo determinado, deberá regresar a su país, según la nueva normativa que afecta a ciudadanos de nacionalidad rumana y búlgara.

Esto ha pillado por sorpresa a Dimitar, viéndose obligado a buscar de manera apresurada un trabajo para conseguir volver a regular su situación, en un país con un índice de paro del 25,8%. Como ciudadano europeo, se siente marginado por la poca facilidad que la administración española le ofrece para conseguir una solución a su posición.

La doble moral de las instituciones españolas

En 2009, España renunció a la moratoria impuesta por la Unión Europea para la entrada en vigor de la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros, siendo anulada en 2011 por el gobierno entrante del Partido Popular, y volviendo a restringir el derecho de estos ciudadanos comunitarios, estableciendo la obligatoriedad de obtener nuevamente un permiso de trabajo y residencia para poder trabajar. Pero como decíamos, el 1 de enero de 2014 esta legislación queda obsoleta, aunque a Dimitar se le está aplicando de la misma manera, o así nos lo ha transmitido. Además según la nueva normativa, los demandantes de empleo no pueden ser expulsados si demuestran que siguen buscando trabajo y tienen posibilidades de encontrarlo.

Tras hablar con el afectado, nos damos cuenta de que al menos hay cierta desinformación o una falta de ayuda al inmigrante a la hora de conseguir afianzar su estatus dentro de nuestro país. Además, puede resultar incomprensible la pretensión de aplicar una regulación a un residente europeo desde hace 7 años, similar a la de un recién llegado.