La ley del aborto 10 años después, ¿funciona?

Participantes en la manifestación de Madrid en favor del derecho al aborto en 2014. Ballesteros (AGENCIA EFE)

· El 91% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas

· Sonia Lamas: “ No para todas las mujeres ejercer su derecho al aborto es un trauma ”

España tiene una de las leyes del aborto más extensas y progresistas, sin embargo, su implementación no está exenta de obstáculos. La objeción de conciencia, la falta de información y formación, los requisitos previos y el acoso de las organizaciones extremistas, siguen arrastrando un derecho que tardará décadas en materializarse.

El aborto, un derecho perseguido

Desde tiempos prehistóricos, la interrupción voluntaria del embarazo se ha llevado a cabo en todo el mundo, y los registros en la literatura griega, romana y china se remontan a miles de años. En esta práctica han participado pueblos primitivos, en estos pueblos había un patriarca absoluto en la familia que se encargaba de decidir si sus hijos nacerían o no, o venderlos incluso antes de que nacieran. Entienden que el feto es parte del cuerpo de la mujer y propiedad del hombre a cargo de la familia, no hay libertad para decidir, por lo que el aborto no es punible. 

En la antigua Grecia, no se consideraba que los fetos tuvieran alma, por lo que los abortos no se consideraban castigados, porque incluso Platón mencionó en su obra República que debían usarse para el aborto y el embarazo. El resultado del incesto o una situación en la que los padres son lo suficientemente mayores. Por otro lado, Aristóteles, como otros filósofos de la época, también apoyó el aborto como método para regular la fertilidad dentro de la familia. Por tanto, cuando el número de miembros de la familia supera un número fijo, la familia puede recurrir al aborto, el llamado infanticidio. En Estados Unidos, en la época precolombina, también se usaban hierbas y otras plantas medicinales, para acabar con embarazos no deseados, pero el efecto no fue bueno. 

Sobre lo que existe en nuestro país, uno de los países más desarrollados en el ámbito de la ley que protege los derechos de las mujeres gracias el derecho al voto y al divorcio ,en 1985 se aprobó la interrupción del embarazo, la primera ley publicada sobre la interrupción del embarazo. Hasta entonces, todas las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo corrían el riesgo de someterse a un aborto clandestino y asumiendo la plena responsabilidad de las consecuencias que resulten, mientras que la opción de hacerlo de una forma segura quedaba en el extranjero. Viajar a otros países para poder decidir sobre el propio cuerpo era a lo que se enfrentaban muchas muchas mujeres para poder ejercer un derecho. A pesar de que era una opción costosa que no se ajustaba a todas las situaciones. 

Actualmente, las leyes sobre el aborto en todo el mundo se pueden clasificar desde aquellas que lo prohíben directamente, aquellas que lo permiten, pero no se limitan a aquellas que solo permiten ciertas posibilidades legales.

En España el aborto libre y gratuito entra en nuestras leyes en 2010, completando la primera ley del aborto de 1985, que solo lo reconocía posible en tres casos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico).  

Por qué volvemos a hablar del aborto 10 años después de su legalización

A raíz de que la Ministra de Igualdad Irene Montero anunciase el pasado mes de octubre que estaba trabajando una propuesta de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se han puesto sobre la mesa los datos de las Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el 6,20 % del total de los abortos en España se practicaron en hospitales públicos y un 8,12% en centros especializados de la red pública. Por otro lado, casi el 86% se realizan en centros extrahospitalarios, dentro de estos centros hay clínicas privadas concertadas con el sistema público. En la ley se recoge que si el servicio público de salud no puede facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer a acudir  a cualquier otro centro acreditativo. Cuando esto ocurre es porque los profesionales de la red pública se acogen a la objeción de conciencia. A veces hablamos solo de un profesional en un determinado centro, otras es el centro al completo el que se acoge a la objeción de conciencia para no hacer esta práctica. Como es el caso de la Región de Murcia, que en 2020 no registró ninguna práctica de aborto en la sanidad pública. 

Esto llega a ser un problema cuando la mujer que quiere practicarse una IVE  no puede hacerlo en el sistema público de salud. El derecho al aborto forma parte de la constitución por lo que encontrarse con tantos obstáculos en el camino significaría una reducción de derechos y libertades, ya que el estado de bienestar debe estar preparado para estas situaciones, pues recoge ambos casos, el del aborto y la objeción de conciencia. Esto se podría considerar un fallo en el sistema y una mella en protocolo, al no estar preparado para dar una alternativa pública eficiente. Ya que existen unos datos considerables que no corresponden a los centros públicos. 

Ley del Aborto

La ley del aborto en España desde 2010, permite que la mujer pueda decidir hasta la semana 14 de gestación si quiere continuar o no con la gestación. Solo en caso de patología fetal o materna (física o psíquica) se podrá hacer hasta la semana 22, a no ser que exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte una enfermedad extremadamente grave e incurable, en esta situación no hay límite respecto a la semana de embarazo, según recoge nuestra ley. Con ello se refuerza la libertad de tener o no tener hijos. 

Manifestación en Madrid,2021, a favor del aborto libre y gratuito. [EFE]

Qué pasa cuando la mujer quiere someterse a una IVE

La mujer que quiere ejercer su derecho al aborte libre puede hacerlo por dos vías, la primera sería por la Seguridad Social y la segunda por una clínica IVE privada. La diferencia entre ambas es el precio y el tiempo de espera. 

El primer paso que da la mujer que vaya a someterse a una IVE es acudir a su médico de cabecera para ser derivada a una clínica IVE acreditada aunque también puede acudir directamente a dicha clínica. 

En la Clínica privada los trámites burocráticos se suprimen y el proceso se agiliza. En cambio en la Seguridad Social el proceso se puede retrasarse 7 días. Si se sigue por la vía privada la mujer solo deberá acudir a la clínica en dos ocasiones , en la primera visita se realiza una ecografía para calcular la semana de gestación, luego se procede a informar y seleccionar el método abortivo más adecuado para el caso. En segundo y último lugar la mujer irá a la clínica para realizarse la intervención, la cita se da inmediatamente sin pasar por los 3 días de reflexión que marca la ley en la Seguridad Social. El precio de una IVE en un centro privado oscila entre 350-450 euros. 

En la Seguridad Social el aborto no tiene ningún coste, el único requisito es tener en vigor la tarjeta sanitaria. En cada Comunidad Autónoma los procedimientos de los trámites burocráticos pueden variar. El primer paso es acudir a la clínica legal acreditada, en esta primera cita, como en el caso anterior, se realiza una ecografía para valorar el estado del embarazo. A continuación, se da una cita en la unidad de IVE del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma para proceder a hacer los trámites de la Seguridad Social. Después de esto pasan 3 días, este es el tiempo de reflexión que recoge la ley. Pasado este periodo hay que esperar unos 3 o 4 días más por los trámites de la clínica. En total el protocolo de la Seguridad Social dura unos 7 días hasta el día de la intervención. 

La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid junto a diferentes grupos feministas de la capital, piden la eliminación del periodo de reflexión que figura en la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Consideran que el periodo de reflexión de la Seguridad Social es una falta de respeto y una violación al derecho al aborto que la mujer quiere ejercer, este periodo cuestiona su poder de decidir. 

La objeción de conciencia

La objeción de conciencia es la razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incubrir u oponerse a disposiciones como practicar un aborto, es decir, alguien opone una idea o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. 

A causa de la objeción de conciencia hay hospitales enteros que no asumen los abortos en la sanidad pública. En muchos casos, que esto suceda en un hospital implica que se descarte la única opción pública en la provincia, lo que desencadena un desplazamiento de la mujer a otra provincia para poder ejercer su derecho al aborto. Como es el caso de la Región de Murcia, que en 2020 no registró ninguna práctica de aborto en la sanidad pública. 

La objeción de conciencia es un derecho que al igual que el aborto está amparado por la ley. El problema llega cuando esto resulta una traba más. Por ejemplo, una mujer que necesite llevar acabo la IVE por el sistema público de salud tenga que desplazarse de su provincia para buscar un centro que sí quiere realizar la interrupción. Según la ley, la objeción de conciencia es un derecho individual del profesional, no recoge la posibilidad de la colectividad, el ejercicio de acogerse a este derecho no puede menoscabar el acceso y la calidad asistencial de la prestación, es decir, debe haber una opción alternativa para que la otra persona puede ejercer su derecho de igual modo. 

Irene Montero y la reforma de la Ley del aborto

Este mes de diciembre, la ministra Irene Montero presentará la reforma de la ley del aborto, algunos de los cambios que tiene en proyecto la ministra son: la eliminación de los tres días como periodo de reflexión, regular la objeción de conciencia de los médicos para que según sus palabras, no esté por encima de los derechos de las mujeres al aborto y la necesidad de tener permiso del tutor o tutora legal en el caso de las jóvenes de 16 y 17 años. En caso de este último punto fue una reforma de la ley en 2015 por el Partido Popular. Además de regular la objeción de conciencia de los médicos para que según sus palabras, no esté por encima de los derechos de las mujeres al aborto. 

Irene Montero Ministra de Igualdad en una rueda de prensa sobre la reforma de la ley del aborto. [Vía El Mundo]

Clínica Dator

En 1986 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid le concedió la acreditación y desde entonces se convirtió en la primera Clínica acreditada en España para realizar interrupciones de embarazo en todas las circunstancias que permite la Ley española que regula este derecho de las mujeres. Defienden su actividad dirigida a la defensa y desarrollo de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva y apoya incondicionalmente la libertad de decidir. 

Hemos hablado con Sonia Lamas portavoz de la Cínica Dator, clínica acreditada por la Comunidad de Madrid, para la realización de abortos. En esta entrevista, Lamas destapó mitos y aclaró al medio que “El 98% de los embarazos en España son no deseados”.

 Posiciones en contra

El principal actor de la protesta antiabortista en la España del siglo XXI ha sido el Foro de la Familia, una organización paraguas creada en 1999 que abarca más de 5.000 asociaciones (agrupadas en 117 federaciones y 19 confederaciones) y representa estimativamente a unos cuatro millones de familias (28). Engloba asimismo a los grupos pro-vida de los años ochenta (Federación Española de Asociaciones Pro-Vida, FEAPV) y, tras décadas de inacción, es el responsable de la refundación del movimiento antiabortista en noviembre del 2003 cuando convoca a unas 5.000 personas ante la clínica Dator.

Campaña antiabortista en las calles frente a una clínica de aborto. [Andrea Gázquez]