Riders en España: una fuerza laboral creciente, a la vez que precaria
-
Con la implementación de la Ley Rider, las empresas están obligadas a ofrecer contratos laborales a los repartidores
-
Los repartidores de comida sufren el 70% de los accidentes laborales en la hostelería
En los últimos años, el número de riders en España ha crecido considerablemente, impulsado por la demanda de plataformas digitales de entrega de comida a domicilio como Glovo , Uber Eats y Just Eat. En 2023, se estima que había más de 30.000 repartidores operando en el país, un reflejo de la creciente dependencia de la sociedad hacia este tipo de servicios. Esta cifra incluye tanto a quienes trabajan bajo contrato, en cumplimiento con la Ley Rider de 2021, como a aquellos que continúan operando como autónomos. A pesar de que este modelo laboral se ha convertido en una oportunidad de empleo para muchas personas, los retos en seguridad y condiciones económicas plantean preguntas sobre la sostenibilidad y justicia de sus condiciones laborales.
La Ley Rider y su impacto en los ingresos de los repartidores
La Ley Rider fue implementada en España el pasado 12 de agosto de 2021, y fue una medida diseñada para regular las condiciones de trabajo de los riders, obligando a las empresas de reparto a ofrecer contratos laborales y mejorar así su protección y seguridad. Antes de esta regulación, los repartidores ganaban entre 8 y 12 euros por hora en función de la cantidad de entregas y de la demanda, manteniendo un margen de flexibilidad que permitía a muchos organizar su jornada en función de sus necesidades. Sin embargo, desde la implementación de la ley, se ha reportado una caída en los ingresos medios de los repartidores, ahora alrededor de 7 euros por hora, debido a la reducción en la cantidad de pedidos disponibles y el aumento en el número de trabajadores contratados.
Empresas como Just Eat han adoptado el modelo de contratos laborales para cumplir con la ley, lo cual ha otorgado a algunos corredores un salario fijo y acceso a prestaciones sociales. Sin embargo, otras plataformas, como Glovo, han optado por mantener una gran parte de su flota en un modelo de trabajo autónomo, asegurando que así se preserva la flexibilidad que los repartidores valoran. Esto ha creado un entorno laboral dividido, donde los pasajeros contratados disfrutan de beneficios como seguridad laboral y acceso a seguros, mientras que aquellos que trabajan como autónomos deben asumir los costos de su equipo, transporte y mantenimiento.
Condiciones de seguridad y altos riesgos de siniestralidad vial
Un factor especialmente preocupante en el trabajo de los riders es el alto riesgo de accidentes viales. Según datos de la Agencia EFE, los repartidores sufren el “70% de los accidentes laborales en el sector de la hostelería“, lo que supone una cifra alarmante que, además, refleja la constante exposición de estos trabajadores al peligro en el tráfico urbano. La presión por cumplir con los tiempos de entrega, sumada a la congestión de las grandes ciudades y las inclemencias del clima, coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Para muchos, los plazos apremiantes se vuelven un incentivo para tomar decisiones arriesgadas, aumentando así el riesgo de accidentes.
Aunque la Ley Rider establece que las empresas deben garantizar “condiciones seguras” para sus repartidores, en la práctica los riesgos persisten. En el caso de los autónomos, el nivel de protección es menor, ya que ellos mismos deben gestionar la contratación de seguros y asumir la responsabilidad de las reparaciones o reemplazos de sus vehículos en caso de accidente. Esta situación genera una importante diferencia de seguridad laboral entre los ciclistas contratados y aquellos que trabajan de manera independiente.
Perspectiva de los riders: flexibilidad vs estabilidad laboral
Para muchos repartidores, el trabajo de rider representa una oportunidad de obtener ingresos de manera flexible. Este atractivo ha sido uno de los motivos principales que llevan a algunos a preferir el modelo autónomo que ofrece Glovo, donde pueden ajustar sus horarios y aceptar o rechazar pedidos según su conveniencia. Sin embargo, esta flexibilidad suele traducirse en una menor estabilidad económica y, en muchos casos, en una sobrecarga de costos personales que los contratos laborales de empresas como Just Eat podrían solventar.
La Ley Rider intentó equilibrar estas necesidades, pero la implementación de la misma ha dejado a varios repartidores en una situación donde tienen que decidir entre flexibilidad y seguridad. Los contratos formales ofrecen beneficios sociales y una mayor estabilidad, pero suelen estar acompañados de una disminución en el número de pedidos y una menor flexibilidad horaria, lo que limita sus ingresos potenciales. En cambio, quienes siguen siendo autónomos conservan la posibilidad de ajustar sus horarios, aunque bajo condiciones menos seguras y con menores beneficios sociales.
El futuro del trabajo en plataformas: una búsqueda de equilibrio
La situación de los riders en España evidencia un reto creciente en la economía digital: cómo garantizar derechos laborales básicos en empleos que se
caracterizan por su flexibilidad y volatilidad. A medida que la sociedad y las plataformas de reparto se adaptan a las demandas de los consumidores ya la realidad del mercado laboral, la búsqueda de un equilibrio entre seguridad laboral y flexibilidad sigue siendo clave.
Por el momento, la Ley Rider es un primer paso que ha dejado en claro la necesidad de ajustar y mejorar las condiciones de estos trabajadores. Para miles de riders en España, este es un trabajo que parecía inicialmente una oportunidad ha acabado planteándoles desafíos serios, desde ingresos reducidos hasta la exposición a altos riesgos viales.
Un ex trabajador de Glovo comenta cómo ante condiciones climatológicas adversas, lo único que tenía para resguardarse era un chubasquero, el cual comenta que “no servía para nada”. Otro factor de riego que comenta el ex rider es el método de transporte, del que relata cómo estuvo durante meses “sin frenos“, lo que hacía ir siempre más despacio de lo que debería. En este contexto, queda en manos de las plataformas, el Gobierno y los propios trabajadores continúan el diálogo hacia un modelo laboral que realmente protege sus derechos sin sacrificar su autonomía y capacidad de decisión.