CIES: purgatorios de sesenta días

Celdas de aislamiento, motines, control policial, mujeres y hombres separados, una visita diaria y 30 minutos como máximo, habitaciones con litera, ciudadanos que tiene prohibido el acceso a no ser que se disponga de permiso previo. Si fuese una adivinanza y soltáramos esas pistas, ¿cuántas personas pensarían en una cárcel como respuesta? No es una cárcel. O sí, según organizaciones como SOS Racismo, Karibu o Pueblos Unidos. Se trata de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y en España hay en siete localidades: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. 7.597 migrantes pasaron por estas instalaciones en 2016, según datos de Interior a los que ha tenido acceso Variación XXI. ¿Y cuál es la mayor diferencia con las cárceles? La duración de la ‘condena’. Las personas que acceden a un CIE pueden estar como máximo 60 días.

Internos del CIE de Tenerife saludan al exterior / Defensor del Pueblo

Son hombres y mujeres que llegan de países de todo el mundo, aunque la mayoría proceden de África, y que se encuentran en situación irregular. Si en ese periodo de dos meses el Estado no consigue repatriarlos, quedarán en libertad, que es lo que suelen conseguir siete de cada diez. Es decir, el 70% de los internos pasan semanas aislados del exterior en unas condiciones de salubridad denunciadas por varias organizaciones para nada.

Son personas casi desamparadas. Casi. Su única forma de comunicarse con el exterior en un país a miles de kilómetros del suyo, el único rayo de esperanza que encuentran, reside en voluntarios cuyo objetivo es cerrar las puertas de estos centros para siempre. Pero mientras las puertas sigan abiertas, lucharán para que los migrantes cumplan la ‘condena’, pasen por el purgatorio sin haber cometido pecado, y vuelvan a ser libres.

Dánae García es una de esas voluntarias que decidió abrir las puertas del local que tiene SOS Racismo en el barrio madrileño de Lavapiés a Variación XXI.

— Pasad al fondo. Perdonad por el frío que hace. Es así incluso en verano.

Queriendo o sin querer, el local de SOS Racismo era lo más parecido a una réplica a pequeña escala de un CIE. Un frío impropio del mes de marzo que solo podía salvarse gracias a una pequeña estufa y unas paredes blancas igual de gélidas que el ambiente y decoradas con unos cuantos pósteres, nos acompañaron en la conversación con Dánae.

Nadie mejor que ella para darnos la descripción más certera de un CIE sin llegar a pisarlo. Pertenece al equipo de visitas al CIE de Aluche (Madrid) de SOS Racismo. Son una decena de compañeros que, mínimo una vez por semana, hacen lo que la mayoría de ciudadanos no pueden hacer: traspasar las paredes de una de las instalaciones más herméticas de España.

Dánae García, voluntaria de SOS Madrid / Álvaro González Amor

Además de SOS Racismo, otras dos asociaciones visitan el CIE para denunciar la situación que allí se vive: Karibu, que solo asiste a subsaharianos, y Pueblos Unidos. «Podemos ir todos los días de diez a una», explica Dánae. Siempre con solicitud previa y dentro de los locutorios. El objetivo es asesorar jurídicamente a los internos, conseguir que antes de los 60 días su situación dentro del país sea legal.

 «Algunos no saben qué está pasando»

Dánae ha estudiado Derecho y habla francés e inglés, así que puede explicarles a la mayoría de africanos cuál es su situación y cómo conseguir la solución. El mayor problema es cuando un migrante africano solo habla una lengua tribal. O si el residente es un asiático. “Debería haber traductores y, por ejemplo, no lo hay de chino», denuncia. Los chinos, aunque no son mayoría, viven en un completo desconcierto. «Están en una situación de indefensión muy grande. Es terrible. Estamos intentando traducir nuestros documentos a chino».

Aun así, la situación no es tan trágica como antes. El Juzgado de Instrucción encargado de la vigilancia del CIE de Aluche, hizo en octubre del año anterior un llamamiento a los responsables del centro para que garantizasen el derecho al asilo de las personas retenidas. Una vez que voluntarios como Dánae conseguían formular peticiones de asilo de los internos, estos las echaban a un buzón en mitad de la nada sin obtener siquiera un resguardo. SOS Racismo, a través de su portavoz, Clara García, denunció en su día que muchos ya no llegaban a saber más de su documento echado al buzón. Era un gran agujero negro. Por medio de un auto judicial, se obligó a que los internos recibieran un justificante sellado que acreditara la solicitud de asilo.

«No les dan ni compresas»

Y si el día a día ya es crítico de por sí, en las mujeres se acentúa. «Las condiciones de las mujeres son, si cabe, peores que la de los hombres. Cuando entran no les dan ni compresas», se queja la voluntaria. Para conseguirlas, las mujeres, nada más entrar, deben solicitarlas. Aunque resulta complicado que lo hagan si la mayoría no entienden ni a dónde están yendo. «Si no hay enfoque de nada, no van a tener enfoque de género».

De los 7.597 migrantes que pasaron por los Centros de Internamiento de Extranjeros en 2016, 3.101 acabaron en el de Algeciras y 1.526 en el de Madrid. Los demás, repartidos por centenares en el resto de centros. Viven hacinados: si en las cárceles las habitaciones son para una o dos personas, en el CIE de Aluche pueden pasar la noche juntos hasta siete u ocho hombres. Del total, solo 2.205 acabaron en su país. El Estado no consigue su objetivo de repatriación. Al final, se consigue el sufrimiento por sufrimiento. Dánae replica que son castigos sin cometer ninguna ilegalidad: «Son auténticas cárceles».

De poco vale la ley

Son numerosas las violaciones de los derechos fundamentales que se producen dentro de estos centros de internamiento. Los ejemplos citados anteriormente son pruebas claras de este incumplimiento por parte de las autoridades. Y es que, encontramos muchas diferencias entre lo que dicta la ley y la realidad. La humillación de los internos, las malas condiciones higiénicas o la aglomeración de personas siguen siendo las principales lacras de estos lugares. Un paisaje, que deja una imagen desoladora, con aspecto de cárceles inhumanas que tanto hemos podido ver en el cine.

Y es que tal y como pasa en el séptimo arte, la difusión de imágenes por parte de los medios de comunicación han creado en la sociedad una idea delictiva de los CIES. Sobre todo, a partir de las escenas vividas hace ya varios meses durante la fuga de varios presos en el centro de Aluche. Sin embargo, poco se conocía previamente de la situación dentro de ellos y nadie se preguntaba porque personas cuyo único delito fue soñar demasiado, optaban por esta solución.

Internos del CIE de Aluche protestan por las condiciones del centro durante el motín del pasado Octubre / Defensor del Pueblo

La ley de extranjería dicta que los centros de internamiento de extranjeros son lugares de paso, en el cual el interno tiene los mismos derechos que un ciudadano español sea cual sea su estatus legal, excepto la ciudadanía (cuya opción puede tramitar) y económicos. Por tanto, estas personas no tienen ninguna privacidad en el resto de sus derechos. Dentro de estos se encuentran, por encima de todos, los fundamentales: aquellos que recoge el tribunal europeo de los derechos humanos. He aquí la diferencia de los CIES con las prisiones, pues el encarcelado tiene privación temporal y por orden de juez de ciertos derechos, como la libertad.

Vacíos legales

De esta forma, los internos pueden quejarse, tal y como dicta esta ley, sobre la vulneración de derechos como  la dignidad a la persona, a tener un juicio justo o a informar de su situación a través de sus abogados. Unos abogados, que muchos no pueden pagar y por tanto, no encuentran forma de denunciar estas ilegalidades. Para intentar evitar esto, los CIES cuentan con jueces de control. Uno de ellos es Ramiro García de Dios, cuyas reiteradas quejas han encontrado la espalda del estado.

«Un interno escribe estas quejas y lo transmite al defensor del pueblo. Eso no lo puede censurar nadie -comenta a Variación XXI al respecto Alejandro Vega, profesor de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid– sin embargo la justicia de este país es tan lenta que queda en nada. Pues el interno ya ha abandonado el centro cuando se quiera resolver tras la prolongación del caso a través de recursos». Es uno de los primeros vacíos legales que nos encontramos a la hora de tratar con los CIES. Pues, al ser un centro de internamiento en el cual las personas solo pueden estar durante sesenta días como máximo, el interno olvida estas quejas o se encuentra ya fuera de España y no tiene los derechos del ciudadano. Suficiente tiene por luchar por el resto de su vida.

Existen varias formas de provocar estos vacíos. Una de ellas, y favorita por las autoridades últimamente, son las deportaciones express. Hasta más de seis mil expulsiones de este tipo realizó la policía nacional en 2016. Consiste en la repatriación del extranjero a su país de origen setenta y dos horas después de su detención sin la presencia de un juez. Una respuesta ante la mala prensa que han adquirido los CIES. Todo ello favorece al estado. Permite lavarse las manos y dormir tranquilo por las noches al gobierno. No solo a este, si no a todos los que han vivido en el poder en nuestro país durante la aparición de estos centros. Ante las numerosas quejas y protestas por parte de asociaciones y colectivos, en 2014 la ley de extranjería fue renovada. Una respuesta que según Alejandro Vega, no da explicaciones ni respuestas. «Es una forma perfecta y legal de quitarse el problema de encima. No se puede decir que sea una violación de un derecho fundamental. Nadie corrige esto por intereses. Aunque hay formas de corregirlo».

La solución está en el congreso

Claro que hay formas de corregirlo. El poder legislativo tiene la potestad a través de una proposición de ley de dar luz a esta injusticia. Si existiesen fuerzas políticas en el parlamento que luchasen por acabar con los CIES o con el incumplimiento de los derechos fundamentales que allí se producen, bastaría con la firma de quince diputados. Así nacería una propuesta de ley.  Más tarde, esta propuesta pasaría al congreso que daría su visto bueno con la aprobación de su mayoría.

Pero como ya sabemos, esto se encuentra a años luz. No interesa. A pesar de las multitudinarias protestas de la ciudadanía y las manifestaciones celebradas en las últimas fechas en nuestro país, parte del congreso hace oídos sordos. Poco más puede hacer el pueblo, pues a pesar de que la presentación de quinientas mil firmas ante la cámara baja supone otra forma de creación de una propuesta de ley, esta opción queda descartada para aquellos temas que afecten a los derechos fundamentales. Solo el parlamento tiene esta capacidad. Vega cierra este debate: «La ley de la iniciativa legislativa popular dice que las leyes orgánicas no son competencias de la ciudadanía».