Presencia de capillas en universidades públicas

Las Universidades públicas, focos de diversidad y conocimiento, siguen arraigadas a la Iglesia católica. Muchos de los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid asumen desconocer por completo la presencia de espacios católicos destinados al culto y al rezo en el seno de sus propias facultades. En España, los vínculos históricamente establecidos entre Iglesia y Estado son fuertes y siguen amparando los privilegios que tiene la iglesia católica dentro de las instituciones públicas en la actualidad.

Las capillas son popularmente conocidas como lugares santos porque en ellas se celebran bodas, bautizos, comuniones, misas, rezos, funerales; pero ¿qué hace una capilla en el seno de una universidad pública? Quizá el motivo sea que las primeras universidades fueron fundadas por la Iglesia.

Una pancarta en la Universidad de Derecho de la Complutense / MHUL

El proceso de secularización tiene comienzo con el Siglo de las Luces, la Ilustración y la Revolución Francesa. La Ilustración, como movimiento social y cultural que promovía el conocimiento a través de la razón, da lugar a una línea de pensamiento de la cual surge la separación de los tres poderes clásicos dentro de un mismo Estado, con un debate que se mantiene hasta nuestros días. Este fue el primer paso para que la Iglesia comenzara a desvincularse del estado y pasara a ser una cuestión de moralidad personal.

Actualmente, la causa más influyente de la secularización es la estatalización, proceso por el cual una entidad de carácter privado pasa a ser de carácter público. Es decir, la educación, que empezó siendo una institución privada regida por la Iglesia y el clero, pasó a ser competencia del Estado. Este proceso de estatalización sigue vigente debido al Plan Bolonia. Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad, el Plan Bolonia es más un plan de financiación, privatización y mercantilización de la universidad pública, que un cambio de mejora en el rendimiento de los estudiantes.  

A principios de los 90, Gustavo Villapalos, ex rector de la UCM, firmó un acuerdo con el Arzobispado de Madrid por el que se prometía la construcción de once capillas en el Campus, repartidas entre sus diferentes facultades. Esta renovación de la relación de favores entre Iglesia e instituciones públicas sigue vigente y dificulta un verdadero debate hacia la laicidad.  

Timeline de acuerdos entre la Iglesia y Estado

Notas para el laicismo

La plataforma digital laicismo.org define la laicidad como «un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos».

Lejos de ser un arma que atente contra la religión o las libertades de credo, el laicismo se basa en el respeto hacia los demás. Es la herramienta que garantiza la igualdad entre sus ciudadanos, al no privilegiar a ninguna de las instituciones o confesiones religiosas, y promueve un sustento de las mismas por parte de quienes la integran.

Se trata, en definitiva, de respetar el hecho de que en un mismo Estado existen diferentes confesiones religiosas y, todas ellas, están amparadas por el propio Estado y sus ciudadanos, al no fomentar las prerrogativas de las que goza, en este caso, la Iglesia Católica. De esta forma se hace una evidente distinción entre el ámbito público y el privado que implica la separación entre la política y la religión.

El laicismo trata de buscar una convivencia entre sus instituciones como forma de organización política de la sociedad basada en el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades, derechos y libertades.

El laicismo ideal

Según se establece en la Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, los tres pilares que sustentan la laicidad, bajo los ideales propios de la democracia y los derechos humanos, son:  

La libertad de conciencia, entendida como la libre elección de cada individuo a profesar cualquier tipo de confesión religiosa -ya sea creyente, agnóstica o atea-, y designa que las responsabilidades derivadas de sus actividades recaigan, únicamente, en sus integrantes, sin distinción ni privilegio.

La igualdad de derechos sin privilegios ni discriminación conlleva una distinción entre el ámbito público y el privado, con el fin de impedir que cualquier confesión religiosa -comprendidas de ámbito privado- goce de ciertos privilegios sustentados de forma pública.

La universalidad de las políticas públicas sin ningún tipo de discriminación, determina la imparcialidad del Estado en cuanto a las concesiones públicas que puedan favorecer, o favorezcan, a ciertos grupos particulares, sea por motivos religiosos, históricos o de cualquier índole. Todo ello en pro de la separación entre la Iglesia y el Estado.

Universidad Complutense/ EUROPA PRESS

Cómo hemos llegado hasta aquí

En tiempos de la Guerra Fría, con el régimen de Franco consolidado, se firmaba el acuerdo entre España y EE.UU sobre las bases militares, que dotaría al país de cierto reconocimiento internacional. Esta situación atrajo la revisión del Concordato que regularía y formalizaría las relaciones entre la Santa Sede y el Estado.

Aunque ya existía un pre acuerdo, el porvenir de España se decidiría a través del Concordato de 1953 firmado por Francisco Franco y el Papa Pío XII, en virtud de la Santa Sede. Este fue firmado en 1941 y brindaba plena libertad y privilegios a la Iglesia mientras (y a cambio de que) el jefe de Estado siguiera conservando la facultad de proponer y nombrar obispos. Esta regalía buscaba favorecer una jerarquía adepta al franquismo mediante el nombramiento de sus respectivos «plenipotenciarios» o «todopoderosos».

En este intercambio de favores entre la fe y la política, la Iglesia incluía sus perspectivas de crecimiento patrimonial en nombre de la moral católica. Los 36 artículos que contiene reconocían «a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta» y a su vez, establecía sus derechos sobre la Educación, como el de prohibir ciertos libros o materiales de estudio considerados contrarios al dogma, o la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los centros y grados.

El Concilio Vaticano II dio término al Concordato de 1953

Los conflictos entre amplios sectores de la comunidad católica y la falta de consenso social atrajeron un nuevo anticlericalismo y el debilitamiento del nacionalcatolicismo que el Concilio del Vaticano II trató de resolver mediante un cambio en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Erigido sobre los principios de libertad religiosa e independencia de la Iglesia, esta Carta establecía la defensa de la libertad de los hombres como una condición necesaria para la evangelización.

La fe cristiana servía de elemento integrador de toda la vida social, pero hoy la situación de la Iglesia resulta ser  ambigua, a pesar de la libertad religiosa. Si el catolicismo es el dogma más favorecido, también el Estado está agravando su omisión en detrimento de la pluralidad religiosa, de la sociedad y la libertad de pensamiento de cada individuo.

Lo que sucede en España

El artículo 16.3. de la Constitución Española sentencia: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Con este artículo, la Carta Magna establece el principio de aconfesionalidad del Estado, que blinda y perpetúa las relaciones entre Iglesia y Estado. Asume que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero a continuación establece lo que en realidad impide la independencia del Estado frente a la Iglesia Católica, al asumir que «los poderes públicos (…)  mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica -en concreto– y las demás confesiones».

Al hacer una mención tan directa sobre la Iglesia Católica se marca una clara distinción entre esta y las demás confesiones, partiendo de una situación de ventaja y privilegio que se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, la relevancia de este apartado radica en el vínculo, titulado relaciones de cooperación, que se establece explícitamente entre los poderes públicos -el Estado- y la Iglesia Católica, que comprende el ámbito privado. Este es el fundamento de la presencia de capillas católicas en la actualidad en Universidades públicas.