“La Dignidad” resiste en Móstoles: cronología de un desahucio
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En “La Dignidad” vivían 18 familias: 48 adultos, algunos de ellos enfermos y 18 menores. Todas estas personas se encontraron en situación de vulnerabilidad
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Los afectados reiteran que sienten «abandono» por las instituciones y seguirán acampando con la intención de no abandonar este lugar hasta que les concedan una solución
Tras el primer intento de desahucio en mayo de este mismo año, el lunes 17 de julio los furgones policiales volvieron a llegar a la calle Carcavilla 2 bis situada en Móstoles . Alrededor de las 8 de la mañana sin esperar a la comisión judicial , la que dedica su trabajo a intentar negociar aunque sea temporalmente un paro del desalojo , llegaron más de 21 furgones de la Policía Nacional para desahuciar puerta por puerta a los 48 residentes hasta la fecha del bloque “La Dignidad”. Las 18 familias que vivían en el edificio eran 48 adultos, algunos de ellos enfermos y 18 menores, todas estas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad según los informes de los propios servicios sociales del Ayuntamiento mostoleño. Desde Stop Desahucios Móstoles recuerdan que el Real Decreto-ley 11/2020 dice que «no se puede desalojar a familias vulnerables sin alternativa habitacional».
Para frenar el desahucio tampoco fue efectiva la carta emitida por Naciones Unidas en la que trasladaban que este no podía ejecutarse por la situación de vulnerabilidad de los residentes del bloque.
El edificio ha estado okupado ejerciendo de hogar social dentro del municipio del suroeste madrileño durante 9 años, creando “La Dignidad”. Este acogía a los perfiles más vulnerables de la sociedad. Entre ellos mujeres afectadas por violencia de género, personas en situación de calle, personas mayores desamparadas del sistema o enfermos que requieren los recursos de un hogar para tener medicamentos en nevera.
El bloque okupado desde 2014 fue vendido por dos millones de euros el año pasado por Sareb al Fondo Buitre Americano Midtown Capital SL según Empresite su función social es «realizar operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la explotación económica de inmuebles, en régimen de arrendamiento oa través de cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento económico, como en la actividad de adquisición».
Ante todo: alternativa habitacional
Para frenar la situación de calle, Stop Desahucios Móstoles había intentado poner sobre la mesa una propuesta de solución habitacional para todas las familias afectadas. José Torralbo, su portavoz, asegura que «hemos hecho una propuesta a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, esta consiste en alternativas temporales para que a estas personas no se les considere okupas, y así la Comunidad pueda adjudicarles una vivienda pública».
En respuesta a la solicitud de una alternativa habitacional, desde la Concejalía de Familia, Mayores, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles trataron de dar solución a todas las personas que se han querido reunir con esta Concejalía estudiando cada caso.
Entre las soluciones aportadas a cada caso se encuentran en primer lugar la posibilidad de «ofrecer ayuda económica, el acceso a vivienda de alquiler o habitaciones en piso compartido». Otras de las alternativas son: «ofrecer alternativa de alojamiento urgente unos días, hasta que se pueda buscar otra alternativa más larga en el tiempo», «realojamiento con la colaboración de Punto Omega en una pensión del municipio por espacio de 10 días», « pernoctar en centro de emergencia durante unos días, mientras se barajan alternativas vinculadas a búsqueda de empleo», «residir en vivienda compartida alquilando dos habitaciones como opción mientras generan ingresos a través del empleo», «apoyo en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o con la gestión de Restaurante Municipal y la tramitación del Ingreso Mínimo Vital en prestación complementaria». Además, añadían que «se ha tramitado una ayuda inmediata por importación de 700 € disponible para cuando localicen dos habitaciones en piso compartido». También ofrecían «cubrir alojamiento durante los días posteriores y derivación a «Proyecto No Second Night», esta iniciativa, de ser aceptada en el proyecto sería una oportunidad para trabajar aspectos laborales mientras garantizan un alojamiento por un período de seis meses».
Desde Stop Desahucios aseguran que «el recurso de los 700 euros para alquilar vivienda es un falso recurso porque nadie alquila una habitación a una familia vulnerable que no puede garantizar el pago sostenido». Según Stop Desahucios «una habitación en Móstoles ronda los 450 euros, es por eso que la ayuda no hubiera dado ni para dos meses». La plataforma añade que «sí es tan fácil, que la alquila el Ayuntamiento de Móstoles que es una entidad prestigiosa y reconocida y así se puede disponer de ese recurso para que lo utilicen las familias». Desde el Consistorio insisten en que no pueden alquilar ni pisos ni habitaciones.
Stop Desahucios confirma que es cierto, «se tramitó una ayuda de 700 euros para alquilar una habitación dos meses o dos habitaciones un mes». La asociación traslada que comprobaron empíricamente si era posible alquilar una habitación con la cantidad otorgada por el Consistorio local. La familia recibió los 700 euros unos días antes del desahucio y la acompañaron por todo Móstoles en busca de una habitación. «Fue imposible», además añaden que el día del desahucio el ayuntamiento exigió la devolución de los 700 euros, cosa que hicieron los beneficiarios de la ayuda.
Las demás soluciones ofrecidas por la Concejalía les parecieron «insuficientes e insostenibles», ya que aseguran que «existían fallas lógicas a la temporalidad de lo ofrecido», lo que haría a los beneficiarios desalojados volver a la calle después de los 10 días. Desde Stop Desahucios añaden la «imposibilidad» de poder optar a una alternativa habitacional con el Ingreso Mínimo Vital.
Sólo les queda la calle
Ante la negativa de las autoridades a ofrecer una alternativa habitacional digna para los desalojados del edificio la dignidad, el 17 de agosto los desalojados medidas optaron por tomar en respuesta a su situación. Decidieron establecer un campamento de protesta frente a los tribunales de Móstoles. Desde entonces, han denunciado un acoso constante por parte de la Policía Local. A lo largo del último mes, afirman haber sido objeto de una persecución incesante por parte de las autoridades, enfrentándose a multas, agresiones e incluso arrestos por desobediencia y violación de las ordenanzas municipales.
Los desahuciados relatan que el incidente más reciente ocurrió el pasado fin de semana. «Nos forzaron a desmantelar el campamento y, cuando nos negamos, nos arrastraron por el suelo y destrozaron la tienda en la que nos protegíamos de la lluvia» , aseguran. El lunes 18 de septiembre «llegaron con un camión y se llevaron nuestras pertenencias», denuncian. Acusan al Concejal de Seguridad, Gabriel Monteserín, de ser responsable de las intervenciones policiales y afirman que «el Ayuntamiento parece empeñado en despojarnos de lo poco que nos queda, en lugar de buscar soluciones. Parece como si nuestra existencia les molestara».
Según la plataforma, han estado en contacto con la Agencia de Vivienda Social de la CAM para buscar soluciones habitacionales. Sin embargo, afirman que «el Ayuntamiento, liderado por Manuel Bautista del Partido Popular, se desentiende de su responsabilidad de garantizar los derechos sociales de sus ciudadanos». Desde el campamento, aseguran que no se rendirán: «No vamos a abandonar el campamento. No tenemos adónde ir. Nos lo han quitado todo, pero no nos quitarán la dignidad de resistir».
Ana Jiménez, afectada por el desahucio de “La Dignidad”
Ana Jiménez traslada que ella y sus compañeros desalojados llevan viviendo en la calle desde el día 17 de julio. Unas 15 personas de las afectadas acampan en el Parque Cuartel Huertas frente a los juzgados de Móstoles. Cuentan que lo hacen para estar todos juntos y denunciar su situación de vulnerabilidad , afirman que con este acto el objetivo principal es obtener una alternativa habitacional por parte de las instituciones.
Ana Jiménez asegura que desde la Delegación del Gobierno tienen constancia del acto de protesta que están realizando «sin alterar el orden público o poniendo en peligro a terceras personas o bienes». No obstante, cuenta que «desde la Policía Municipal nos han puesto impedimentos para realizar el acto de protesta, multando a varios de los presentes por instalar las tiendas, además de comunicarnos que si seguimos aquí nos multarán por desobediencia».
Desde Stop Desahucios Móstoles recuerdan que «el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental que no habría ni siquiera que comunicarlo cuando son menos de 20 personas» y «tampoco se puede disolver si no hay alteraciones del orden público o peligro para las personas o los bienes».
Ana traslada que con el desahucio y la consecuente pérdida del padrón municipal muchos de ellos han incrementado su situación de «vulnerabilidad», porque sin el padrón pierden el acceso a muchas de las ayudas estatales que podían recibir.
La afectada señala que ellos van a seguir en la calle porque «no tienen otro sitio donde ir». Tampoco tienen como pagar las multas. Agrega que si no pagan, la policía les ha advertido que pueden acabar en prisión «la Policía nos ha contado que las multas van por lo penal si no se pagan, aunque si acabar en prisión es la única forma para acabar bajo un techo, acabaremos en prisión».
Los afectados reiteran que sienten «abandono» por las instituciones y seguirán acampando con la intención de no abandonar este lugar hasta que les concedan una solución de alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento de Móstoles o de la Comunidad de Madrid.
Pueden escuchar la entrevista completa en el siguiente vídeo:
Más de dos meses en la calle
Tras más de dos meses en la calle los afectados seguirán acampando hasta que reciban una alternativa habitacional. Durante estos meses de campamento protesta para intentar conseguir un lugar donde residir, los desahuciados e integrantes de grupos como Stop Desahucios Móstoles han elaborado actividades solidarias para concienciar y hacer más amena la estancia de los afectados en la calle. Entre estas, sentadas, comidas populares, conciertos y colaboración vecinal bajando al campamento comida y enseres.
Por otra parte, también han tenido el apoyo del activista internacional Jorge Fernández. Este realizó un esfuerzo de participación en la concentración haciendo una huelga de hambre de 56 días bajando más de 25kg, bajando de 114kg a 89’6kg. Jorge Fernández asegura que la huelga de hambre finalizó por «dolores de huesos y cabeza a los que se sumaban migrañas debido al continuo cambio de tiempo». El objetivo de esta acción además de apoyar a los desalojados que actualmente siguen sin vivienda era denunciar la vulneración del Derecho a la alimentación a escala internacional.
Situación de la vivienda en Móstoles
La situación de la vivienda en Móstoles es un tema complejo. El precio de la vivienda en este municipio madrileño varía en función de la ubicación, el tamaño y el tipo de propiedad. Hay una amplia gama de propiedades disponibles para la venta. Los precios fluctúan significativamente, desde los 165.000 € para una casa de 3 habitaciones y 2 baños con 184 m², hasta los 394.900 € para una casa adosada de 4 habitaciones y 3 baños con 210 m².
Actualmente los precios en la calle donde se produjo el desahucio son de 136.000 euros a 209.000 euros.
En cuanto a los alquileres, un piso de 80 m² con tres habitaciones en el corazón de Móstoles se alquila por 795 € al mes. En cambio, en el sur de Móstoles, se alquila por 890 € al mes un piso más pequeño de 70 m² con dos habitaciones. Por último, en el norte de Móstoles, un piso con dos habitaciones y 68 m², tiene un precio de alquiler aún mayor: 970 € al mes. Según los datos proporcionados por Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Móstoles en septiembre de 2023 fue de 10,6 €.
En septiembre de 2023, el precio medio por metro cuadrado en Móstoles se encontraba en 1.942 €. Las previsiones para lo que queda de año apuntan a una desaceleración en el crecimiento de la vivienda , si bien con variaciones positivas en el entorno del 2-3%. Estos datos sugieren que el mercado inmobiliario en Móstoles está experimentando una inflación constante.
Desde el Consistorio mostoleño, la exalcaldesa socialista Noelia Posse, anunció un nuevo plan de vivienda pública con el objetivo de aumentar la oferta en 2.000 viviendas, permitiendo a los ciudadanos de Móstoles acceder a una vivienda a precios difíciles. Además, también se prevé la construcción de cuatro nuevas residencias para mayores y pisos intergeneracionales con alquiler accesible.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha anunciado planes para construir 430 viviendas en la zona. Sin embargo, según un informe de 20 Minutos, el Ayuntamiento de Móstoles ha retrasado la emisión de licencias para estos proyectos. También se ha denunciado que Móstoles es el único municipio que todavía no se ha acogido al plan de vivienda VIVE de la Comunidad de Madrid. Las políticas públicas están tratando de abordar algunos de estos problemas vigentes en el municipio , entre los vecinos existen críticas sobre la implementación y el alcance de estas políticas.
Como siempre, otra vergüenza nacional más. Los ricos a su bola, haciendo el ridículo en gran Vía por la unidad de un país que olvida a su base, la clase trabajadora. Un gran trabajo de los periodistas
Gracias por su feedback Cristhian Alexander!
Muy bien explicado todo
Gracias, un placer que haya leído el artículo.
Muy buen reportaje, gran trabajo
Gracias por la lectura, un saludo.
Y se seguirá haciendo la vista gorda
Gracias por la lectura esperamos que le haya llegado.
Verdaderamente interesante. Gracias por dar luz a este tipo de situaciones!
Gracias a usted por responder. Un saludo fuerte Alonso de Ojeda.
Ojalá salgan adelante, menuda vergüenza. Todo bajo el “Gobierno más progresista de la historia”.
Lucía, gracias por el feedback! Esperemos que le haya gustado.
Que vergüenza!
Claudia, gracias por el feedback!