Vientres de alquiler: de la violencia sexual a la reproductiva

Manifestación del 8M en Madrid/Paula Vandeweyer

• «La explotación reproductiva es una forma de violencia contra las mujeres», denuncia Irene Montero

• Algunas empresas aplican ofertas en los vientres alquilados, como un 3% de descuento por el ‘Black Friday’

Nadie debería ser tan rico como para poder comprar a otras personas ni ninguna mujer tan precaria como para tener que venderse. Si algo ha demostrado el incremento en la consumición de los vientres de alquiler es que este principio que parecía básico y universal es en realidad objeto de debate para gran parte de la sociedad occidental. Esta nueva práctica de gestación asistida es considerada dentro del movimiento feminista como una nueva forma de opresión del siglo XXI. Mujeres que se ven obligadas a sobrevivir a base del único medio de producción que les pertenece: sus cuerpos. Más mujeres que sufren otro tipo de servidumbre, porque con la sexual no tenían suficiente. Había que deslocalizar el sometimiento al terreno reproductivo.

Con la denominada maternidad subrogada, que en cierto modo es como hablar de un reajuste de plantilla, un cínico eufemismo, se ha reabierto un interrogante que ya se ponía de relieve cuando se hablaba de la prostitución. ¿Se es libre cuando no se posee ninguna otra opción? ¿Se es libre cuando convertir tu útero en un negocio es la única forma de salir a flote? Sin duda debería hablarse de coacción. 

En algunos países ser una mujer podría considerarse un deporte de riesgo. Lo trágico es descubrir que la integridad de las gestantes no es lo único a lo que el sórdido capitalismo le pone precio. Ahora, los nonatos también lo tienen. 

Subyugación entre fronteras

«Mujer que, previo acuerdo o contrato, cede su capacidad gestante para que le sea implantado un embrión ajeno, engendrado mediante fecundación in vitro, y se compromete a entregar el nacido al término de su embarazo», así define el diccionario panhispánico del español jurídico esta técnica. No hay mucho debate, a decir verdad, en el plano denotativo, es en el connotativo en el que comienzan los conflictos. 

Es precisamente la conclusión a la que se llega al dialogar con Irene Montero, exministra de Igualdad y actual eurodiputada por la agrupación política Podemos.  «La explotación reproductiva es una forma de violencia contra las mujeres, una violación de sus derechos humanos», declara la parlamentaria. Su testimonio pone el foco en la repercusión nociva que ejerce sobre el cuerpo femenino, que como cualquier otra forma de opresión machista es sistemática y estructural. Para ejemplificar esta perspectiva, Montero nombra una sentencia del Tribunal Supremo que estudia un caso particular y que menciona algunas de las consecuencias que trae consigo este tipo de avasallamiento.  «Se afecta el derecho a la libertad sexual y a la autonomía corporal, al derecho a la salud y la intimidad. En este caso, se impedía a la gestante tener relaciones sexuales. Son libertades fundamentales y humanas básicas para una vida digna», proclama. 

El marco legal en España es claro. «Está prohibida, de forma explícita, según el artículo 10.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida», afirma Elisa Gutiérrez, profesora de derecho en la Universidad Complutense de Madrid. «Esto señala que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la ascendencia materna a favor del contratante o de un tercero», añade la docente. Lo cierto es que sí, efectivamente, se trata de un método ilegal. No obstante, existe en una especie de vacío que, si bien no permite que los ciudadanos españoles lo empleen o se ofrezcan para llevarlo a cabo, sí consiente que el producto de ese trato en el exterior sea registrado en los sistemas nacionales. 

 «La filiación está recogida en el derecho civil de forma bastante flexible. No proporcionar un arraigo o identidad a esos niños es gravísimo porque no existirían desde el punto de vista jurídico y no tendrían derecho a nada», informa Gutiérrez para explicar qué conduce al Estado a autorizar el censo o empadronamiento de esos bebés. Es innegable que en la atribución de responsabilidades por las que se aprovecha un cuerpo femenino como si de una incubadora se tratase, el último puesto lo ocupa esa nueva vida que no juega un papel activo en su modo de concepción. 

Antes de exponer la situación legislativa en otros lugares, hay que subrayar los dos tipos de vientres de alquiler que pueden desarrollarse. Por un lado, existe la gestación por sustitución altruista, que estadísticamente es la minoritaria, y que consiste en un embarazo que de igual manera contiene un material genético ajeno pero por el que no se recibe ningún pago. La otra cara de la moneda, además de la mayoritaria, es la comercial, que corresponde estrictamente a lo ya enunciado. Esta diferenciación es fundamental, pues en función de la modalidad es o no factible en los sitios analizados. 

En Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia o algunas zonas de Estados Unidos, es perfectamente admisible tanto el propio proceso como que la contratada reciba una retribución monetaria. En contraposición, en Canadá, Reino Unido, Grecia, Australia, Brasil, Uruguay, India o Sudáfrica sólo se concede cuando no hay intercambio económico. Aun así, como bien explica la abogada Ana Miramontes: «En todos los territorios donde se ejecuta, aunque digan que es abnegada, se permite una compensación económica. Otra cosa es que se fiscalice».

Los requisitos ni siquiera se limitan únicamente a si se halla o no ventajas financieras, sino que también influyen otras variables. India y Sudáfrica la conciben únicamente si se trata de habitantes de su región. De hecho, donde los gobiernos han abierto este servicio a foráneos, se ha acabado construyendo una serie de destinos internacionales prácticamente especializados en ello. Hasta el inicio de la guerra, Ucrania era uno de esos paraísos para los consumidores de matrices, aunque exclusivamente para parejas heterosexuales.

El caso de América Latina es remarcable, pues en la mayoría de distritos no está recogido ni positiva ni negativamente. A excepción de Tabasco y Sinaloa, en México, que sí lo regulan en sus códigos civiles y en concreto lo toleran, o Brasil y Uruguay, que lo favorecen muy restringidamente. Los últimos sitios citados, por ejemplo, obligan a la que presta su útero a hacerlo, primero, altruistamente, y además, a ser familiar de segundo a cuarto grado de quien hace el encargo.

Es precisamente la falta de regulación cohesionada y coordinada entre territorios lo que colabora a forjar lugares señalados a los que las personas interesadas se trasladan para ejercer esa violencia reproductiva.  «Se aprovechan de las normativas desiguales para poder escapar de aquellas legislaciones que la reconocen como una forma de agresión», detalla Irene Montero acerca de si las medidas que ordenan el mercado de la maternidad subrogada deberían ser uniformes y comunitarias o si es suficiente con el independiente y estatal.  «Es preferible que sean normativas supranacionales, pero eso no quiere decir que al mismo tiempo no se deba pelear por instrucciones internas. Los estados no deben eludir su responsabilidad y su debida diligencia», opina la política feminista. 

Una mujer sosteniendo un cartel feminista/Pixabay

Modelos de familia: factores de raza y clase

No es ninguna sorpresa que este sistema liberal e individualista se aproveche de las debilidades de los colectivos históricamente subordinados para potenciar sus modelos de negocio que poco tienen en consideración la ética. Es curioso que desde hace décadas se cuestiona las relaciones homosexuales o monoparentales por cómo influye en la organización de la familia. Sin embargo, en este caso, son pocos los que argumentan que la evidente ausencia de la madre biológica de esos infantes pueda evidenciar en el futuro una serie de carencias afectivas. Es para Roxana Sosa, doctora en sociología con perspectiva de género, una de las mayores consecuencias para ambos involucrados: las secuelas psicológicas. «Se dice que es posible generar un vínculo con un bebé y eso puede llevarte a ciertos problemas cuando el lazo se tenga que romper», indica. 

Factores como la etnia o la clase social no deben pasarse de alto, pues desempeñan un activo fundamental en la edificación de la dinámica que se instala en el alquiler de vientres. Normalmente, las que recurren a esta salida, suelen ser mujeres desfavorecidas, que transcurren penurias económicas, mientras que las que las eligen para enmendar esa necesidad irrealizable de la paternidad suelen ser núcleos adinerados, ricos, con privilegios que pueden invertir cheques con cifras de numerosos ceros en ese procedimiento. Asimismo, contribuye la raza, puesto que la procedencia de esas personas desaventajadas está muy relacionada con el sector socioeconómico al que pertenecen. En ocasiones, hasta se produce una doble opresión, que viene dada por la falta de homogeneidad en la legislación mundial. Es decir, ya no solo se trata de que sean pobres y necesitadas las que se ven limitadas a ese papel, sino que sólo los de alta cuna concebirán la oportunidad de viajar a otros países si en el suyo no existe la posibilidad de decantarse por esa opción. 

En España, de acuerdo con cifras estudiadas en 2023 y publicadas por la agencia de verificación de datos Newtral, ha habido 249 peticiones de inscripción de niños nacidos por gestación sustituta en el extranjero. No obstante, según exhibe un informe de la Universidad de Barcelona del año 2018, en sintonía con lo que afirma Son nuestros hijos, una agencia especializada en gestación por sustitución, «los nacimientos anuales son más de un millar», unos datos bastante mayores a los oficiales. Los lugares más escogidos por los nacionales son Estados Unidos y Ucrania, aparte de Georgia que se ha anexionado a esta lista después de 2018. El matiz es claro, es un sometimiento de ricos a pobres, porque Marx no se equivocaba, en absoluto, al insistir en que el motor de la historia es la lucha de clases. 

Ignacio Moreno, experto en género y doctor por la UCM, pone el foco en ese prejuicio social que ahora recae sobre la comunidad LGTBIQ+, y a los que marca como los principales consumidores. Nada más lejos de la realidad. Según recoge el mismo informe, en las solicitudes de registro presentadas desde 2010 hasta el primer semestre de 2022 se contabilizan un 62% de parejas heterosexuales, un 25% de homosexuales y el 13%, monoparentales. «Resulta significativo que para la prensa y cierto imaginario sean parejas gays cis los que acuden en masa a estas técnicas», reflexiona Moreno. Su punto de vista coincide con el de la exministra de Igualdad que sostiene que «aunque se intente criminalizar al colectivo, la inmensa mayoría de las familias que acceden a estos contratos son personas heterosexuales con muchos recursos». 

Para combatir tanto con el propio sometimiento reproductivo como con el aura de desinformación que se ha instalado alrededor de él, Sosa reivindica la necesidad de campañas sensibilizadoras. «Es imperativo que se incremente su visibilidad en los medios de comunicación, que se fomente debate público con doctores y divulgadores. Debemos implicarnos más», exige. 

Mercantilización al extremo

«Estoy a punto de convertirme en madre sin hijo. No te cantaré. No te daré alimento. Serás sin mí. Yo no seré», son algunos versos que la escritora Ángela Álvarez relata en su libro El hijo culebra, donde plasma el vacío y el desasosiego que experimentan las que se dedican a ofrecer sus vientres. Este testimonio no es lo único dramático de este mercado, pues se estima que la industria reproductiva facturó en 2022 unos 14.000 millones de dólares en todo el mundo. Con unos intercambios y transacciones más que rentables, la venta de úteros es más que lucrativa, incluso cuando el precio medio varía en función del Estado. Tanto es así que este puede oscilar entre los 40.000 euros y los 200.000, siendo Asia el continente más barato. Dentro de Europa es para Ucrania ese puesto, donde el proceso puede costar unos 43.000, cifra bastante alejada de los 100.000 que piden como mínimo en EEUU. 

Ha pasado a ser un ámbito tan mercantilizado que hasta se observan «descuentos» en los vientres a alquilar por festividades como el Black Friday. Fue una agencia británica la que anunciaba un 3% de rebaja en sus servicios, una publicidad que acompañaba con un video  de una de las empleadas paseando por una sala repleta de recién nacidos en sus cunas. Pero esta narrativa que cada vez se parece más al Cuento de la Criada no se queda aquí, en algunas empresas se da la opción de elegir a los contratantes el sexo del bebé, su color de piel o de ojos, como si en lugar de engendrarse una vida se estuviera procediendo a la manufacturación de un personaje de videojuego. «Gracias a los avances científicos y técnicos, se pueden hacer este tipo de identificaciones con los embriones», justifica la agencia. 

Para combatir la proliferación de este tipo de entidades que ven a las mujeres como meras incubadoras de las que sacar tajada y que consideran a los niños productos con un alto precio y pocas objeciones, Roxana Sosa propone medidas como la eliminación de trámites burocráticos en la adopción. «Muchas parejas se amparan en eso», aclara y añade: «Tenemos que crear leyes que protejan y asistan a esas mujeres. Órganos como la OMS o la ONU deben pronunciarse acerca de sus consecuencias». En realidad, esa primera organización no se ha posicionado de ninguno de los dos lados, aunque sí ha defendido que «el acceso a la tecnología reproductiva debe estar guiado por la equidad y los derechos humanos».

Inclinaciones políticas: el caso de la ultra Meloni

Desde hace dos décadas, Italia ya penaba el consumo de gestación por sustitución con multas de entre 500.000 y 1.000.000 de euros, además de dos años de cárcel. La novedad es que ahora tampoco se podrá recurrir a esta práctica en el exterior, puesto que la presidenta, Giorgia Meloni, lo ha convertido en delito universal. Es un caso interesante, pues, si bien esta líder no es precisamente una activista por los derechos de las mujeres y más bien es conocida por sus duras posiciones en el ámbito social, ha llevado a cabo una enmienda que ni «el gobierno más progresista de la historia» ha podido ejecutar.

Cartel ilustrativo/Paula V.G

Esto lleva a la cuestión de si al efectuar acciones beneficiosas para ciertos grupos sociales se puede ignorar los motivos que los justifican. Es decir, está claro que la ultracatólica Meloni no ha tomado esta decisión porque haya experimentado una metamorfosis feminista, sino que su motivación viene dada por sus valores cristianos y conservadores que, al igual que con el aborto, ven como un crimen las técnica asistidas de fecundación. De hecho, distintas fuerzas políticas italianas la han acusado de querer «impedir que las personas homosexuales tengan hijos», ya que el matrimonio igualitario sigue sin ser legal allí. La mandataria en cuestión «no lo penaliza porque le importe el cuerpo femenino, lo hace por la bajada de natalidad, para que los niños que nazcan sean blancos e italianos», informa de nuevo Ignacio Moreno. 

Comparar la situación italiana con la española es paradójico y complicado. A pesar de que sendos gobiernos son radicalmente opuestos, es cierto que en materia de derechos sociales y, en específico, en defensa de las mujeres, el Ejecutivo lleva desde la legislatura anterior sin dar pasos reales hacia ninguna dirección. «Están haciendo lo que el presidente anunció en las elecciones. A ellos les parecía que la lucha feminista estaba molestando demasiado a determinados hombres, por lo que ahora permanecen en una completa parálisis, en la inacción», medita Irene Montero y agrega: «Es muy peligroso, porque efectivamente no hacer nada en un contexto de desigualdad lo que hace es perpetuar esas dinámicas». 

Ana Obregón: cartera y biberón

A mediados de 2023, Ana Obregón, presentadora y actriz española, vendía a la revista Hola la exclusiva de que, con el esperma congelado de su hijo fallecido, había acudido a un vientre de alquiler en Estados Unidos para que se engendrara a una nieta genéticamente emparentada con ella. De algún modo, esta noticia reabrió el debate político de si esto era ético y justo. La opinión pública se volvió a fragmentar y el entramado mediático comercializó durante semanas este acontecimiento con tertulias en las plataformas comunicativas tradicionales. 

El supuesto concreto de esta famosa es controversial puesto que no solo había pagado para que naciera un bebé que no tendría ni madre ni padre, sino que su avanzada edad no iba permitir hacerse cargo de esa vida todo el tiempo que debería. Sin embargo, es, en cierto modo, la representación paradigmática de todas estas familias que sucumben al deseo de la paternidad sin que esta sea, realmente, un derecho, pues imponen su anhelo a la integridad de los niños nacidos.

Aun así, son muchas las empresas y asociaciones que promueven las ventajas de los vientres de alquiler.  «La gestación subrogada bien regulada puede proporcionar un camino hacia la paternidad que de otro modo sería inaccesible para muchas personas», considera American Society for Reproductive Medicine. En el Estado español hay una gran cantidad de organizaciones que se dedican a esto y que operan fuera del país por la legislación vigente. Padres por la Maternidad Subrogada, Centro de Reproducción Humana y Son Nuestros Hijos son algunos de esos ejemplos. En el sentido contrario, si bien existen bastantes colectivos feministas que dentro de su ideario marcan esta práctica como algo a lo que se oponen explícitamente, sólo se especializan en ello la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres que, como indica su propia denominación, es una unión de corporaciones, entre las que se encuentran Forum Feminista de Madrid y el Movimiento Democrático de Mujeres.

Si algo ha quedado retratado es que, ahora, un bebé es un objeto de consumo. Un producto mercantilizado sobre el que se aplica la ley de la oferta y la demanda. Ahora las mujeres son más siervas que nunca, aunque el yugo no sea sexual, sino reproductivo. Ya lo decía Audre Lorde: «No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas». Porque los vientres de alquiler son el nuevo tipo de opresión del siglo XXI y el sistema ansía doblegarlas más que nunca.