La crisis económica de la UCM impacta directamente en los estudiantes
Encierro en la Facultad de Matemáticas de la Complutense para protestar contra los recortes que afectan a la universidad pública. Fuente: El País
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La Complutense ante el colapso financiero: así viven los estudiantes el futuro incierto de la universidad pública
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Los estudiantes nos cuentan la precariedad y la pérdida de calidad que están sufriendo las aulas.
La Universidad Complutense de Madrid atraviesa una crisis económica sin precedentes; un déficit superior a los 33 millones de euros, un recorte del 35% del gasto previsto hasta 2028, un préstamo de 34,5 millones solicitado a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas y la huelga convocada el 26 y 27 de noviembre. Mientras estas cifras provocativas ocupan titulares, quienes sufren los efectos de manera directa son los estudiantes, que observan como la falta de recursos transforma su día a día en las aulas, bibliotecas y servicios esenciales para formarse. La reducción de prácticas, materiales insuficientes, optativas canceladas y un clima de incertidumbres son ya parte de la rutina académica. Hemos hablado con los alumnos y analizamos los datos para entender cómo esta crisis está impactando en la calidad educativa, en la igualdad de oportunidades y en el futuro académico de millas de jóvenes.
De asunto interno una amenaza estructural
La crisis económica de la UCM ha dejado de ser un asunto interno y de poca relevancia para convertirse en un problema que afecta directamente a la comunidad estudiantil. Aunque la institución ya había pasado en otras ocasiones por distintas dificultades financieras, nunca antes se había enfrentado a un escenario en el que la propia continuidad de su funcionamiento cotidiano dependiera de un préstamo de emergencia, es decir, de una medida destinada simplemente a garantizar el pago de nóminas y servicios esenciales.
Por un lado, el anuncio del déficit de 33,19 millones de euros, sumado al plan de ajuste que congela el 35% del presupuesto hasta 2028, ha generado una creciente preocupación entre la Comunidad universitaria. Los recortes en materiales de suministros, la disminución de capacidad docente y la paralización de proyectos, entre otros aspectos, están marcados por la incertidumbre . La convocatoria de la huelga del 26 y 27 de noviembre, respaldada por las juntas de facultad y por los sindicatos, ha reforzado la idea de que esta situación se trata de una crisis estructural.
Los estudiantes, núcleo del sistema educativo, sienten que son los principales afectados ante esta situación debido a la amenaza que supone hacia su formación, pero además también al modelo de universidad pública que la Complutense representa.
Un déficit que arrastra a toda la institución
La UCM cerró el último ejercicio con un déficit de más de 33 millones de euros (registrado en 2024), una cifra que evidencia la acumulación de gastos estructurales, el encarecimiento de suministros y servicios, y la falta de inversión pública, un problema de financiación insuficiente permanente que afecta a las universidades madrileñas desde la crisis de 2008. Teniendo además en cuenta, que la financiación que aporta la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense lleva años quedándose corta. Desde 2007, las transferencias autonómicas apenas han aumentado un 5%, mientras que la inflación acumulada supera el 44%. Esto significa que el dinero que recibe la UCM hoy tiene, en la práctica, mucho menos valor real y no llega a cubrir los costes salariales ni las necesidades básicas de la institución.
Para intentar equilibrar sus cuentas y atajar esta crisis arrastrada, el Rectorado ha aprobado un plan Económico–financiero, que conlleva congelar el 35% del gasto hasta 2028.
Esta medida se ha querido complementar con un préstamo condicional de 34,5 millones de la Comunidad de Madrid, sin embargo, esto implica la paralización de compras, reducción de actividades y limitación de sustituciones docentes. Aunque se pretende evitar una situación de colapso financiero, su impacto se nota sobre todo en los servicios que utilizan los estudiantes a diario.
Un préstamo de urgencia para evitar el colapso
El préstamo concedido por la Comunidad de Madrid a la UCM, fue proporcionado principalmente para otorgar la liquidez necesaria y así evitar el colapso financiero inmediato. La cantidad exacta del préstamo fue de 34.469.224 euros, pero es condicional y de deuda. Esto significa que la UCM está obligada a devolver este dinero, a diferencia de lo que sucedería si se tratara de una subvención directa. El requisito fundamental de esta ayuda es que su concesión está sujeta al estricto cumplimiento del plan de contención de gastos, que se centra en la congelación del 35% del presupuesto hasta 2028, garantizando el saneamiento estructural de la universidad.
Aulas que sienten el impacto
Las consecuencias del ajuste forzado por la congelación del 35% del gasto no tardaron en aparecer en el día a día universitario. El principal impacto se notó en el personal, pues la limitación de sustituciones docentes y de personal administrativo ha puesto en cuestión la calidad de la enseñanza, ha generado sobrecarga en las plantillas y ha puesto en cuestión la calidad de la enseñanza y la investigación. A esto se le suma la paralización de las compras, que se traduce en material sin renovar, que tardan en ponerse y la restricción de horarios en servicios esenciales como las bibliotecas, y menos actividades formativas complementarias. La austeridad impuesta, aunque busca el saneamiento financiero, está transformando los servicios que utilizan los estudiantes, donde lo precario empieza a convertirse en la norma.
Voces desde dentro: Los estudiantes cuentan cómo afecta la crisis a su formación
Uno de los puntos más mencionados es la pérdida de calidad educativa. «Estamos dando cuenta por ejemplo de lo poco preparado que estamos con muchas cosas porque no se nos ha garantizado por falta de recursos», «Nos preocupa no encontrar prácticas» comentan los estudiantes, evidenciando cómo los recortes en los recursos y la reducción de las horas de clases afectan a la calidad de la enseñanza. La cancelación de asignaturas optativas y la reducción de actividades extracurriculares son solo algunas de las consecuencias inmediatas de la crisis. Para muchos, esto no sólo limita sus posibilidades de especialización, sino que también perjudica su desarrollo académico en su conjunto.
Además, los estudiantes han destacado la creciente escasez de profesores y personal docente como otro de los problemas más urgentes. La reducción de personal, sumada a la falta de sustituciones, hace que muchos cursos se impartan con menos recursos humanos, lo que aumenta la carga de trabajo tanto para los profesores como para los estudiantes.
Lo que resalta en la mayoría de los testimonios es la sensación de estar viviendo una experiencia universitaria deteriorada, marcada por la falta de recursos, la reducción de servicios esenciales y una creciente incertidumbre sobre el futuro de la institución.
A la tensión que ya viven los estudiantes por esta crisis económica en la UCM, se suma otro frente de malestar. Las obras y parones en la Línea 6 de metro, que afectan directamente al acceso al campus de Ciudad Universitaria. Para muchos alumnos, este problema agrava una situación ya de por sí complicada. «Venimos de semanas sin prácticas, con recursos recortados y encima ahora tardamos mas del doble en llegar a clase», lamentan varios estudiantes.
A través de estas voces, el mensaje es claro: la huelga no solo es una respuesta ante los recortes económicos inmediatos, sino también una demanda urgente para garantizar el acceso a una educación pública y de calidad.
Implicaciones y riesgos de la crisis económica en la UCM
La falta de recursos ya se deja notar con fuerza en el día a día académico, provocando una clara caída de la calidad educativa . Según han relatado los estudiantes, la reducción del gasto afecta directamente a las prácticas, los seminarios, la renovación tecnológica y la disponibilidad de profesores, limitando la atención personalizada del profesorado y la formación completa. Como consecuencia directa, la experiencia educativa se vuelve menos completa y más desigual entre las distintas facultades, creando diferencias significativas en las condiciones de aprendizaje.
El impacto de los recortes también alcanza y debilita la actividad investigadora. Es decir, la limitación en el gasto frena la posibilidad de ofrecer becas, y dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además debilita los grupos de trabajo que ya estaban consolidados. Esto se traduce en una doble consecuencia: por un lado menos oportunidades de carrera para el alumno que aspira a dedicarse a la investigación, y por otro, una menor producción científica general. Este último es un aspecto clave para medir la salud de cualquier institución académica.
Finalmente, la crisis ha destapado que la Complutense no sufre un episodio aislado, sino que la situación evidencia la fragilidad de todo el modelo universitario público en cuestión. Diversos decanos de la universidad han advertido que el actual sistema de financiación promueve una tendencia que «mercantiliza el conocimiento» , lo que significa que se desvirtúa la función social inherente a la universidad pública.
Para gran parte de la comunidad estudiantil, la crisis de la UCM es el síntoma más visible de un problema estructural mucho más profundo que afecta al conjunto del sistema universitario español, convirtiéndose en la Complutense, por su tamaño e impacto, en el caso más notorio que requiere una revisión urgente del modelo.
La Complutense reclama soluciones
La huelga convocada los días 26 y 27 de noviembre ha sido el punto culminante del malestar generalizado entre los estudiantes de la Universidad Complutense. Lejos de tratarse de una movilización aislada, supone la expresión visible de una crisis que lleva meses creciendo y afectando a las aulas y que, según explican los propios alumnos, ya está notan las consecuencias en su formación. La convocatoria, respaldada por sindicatos y juntas de facultad, tiene un objetivo claro; presionar a la Comunidad de Madrid para que garantice un modelo de financiación plurianual, estable y suficiente, una demanda esencial para asegurar la supervivencia de la universidad pública tal y como la conocen.
Convocatoria de la huelga los días 26 y 27 de noviembre. Fuente: Sindicato de Estudiantes.
Desde principios de noviembre, las facultades han vivido un clima de tensión que ha ido creciendo con el paso de los días. En los pasillos se han multiplicado los carteles hechos a mano, y las asambleas improvisadas y las discusiones entre grupos que intentan comprender el impacto del plan de ajuste se han juntado en numerosas ocasiones para buscar soluciones rápidas y eficaces. Las organizaciones estudiantiles han organizado charlas informativas, han difundido documentos y han animado al estudiantado a grabar vídeos explicando cómo la crisis afecta a su día a día. Lemas como «La educación no se vende», «Financiación real ya» o «Sin recursos no hay universidad» se han convertido en la banda sonora de la movilización.
La participación estudiantil ha sido muy grande. A diferencia de movilizaciones anteriores, la crisis actual afecta a aspectos fundamentales como el número de optativas, la calidad de prácticas, el funcionamiento de laboratorios, los horarios de biblioteca o la sustitución del profesorado.
Durante las jornadas de huelga, las concentraciones y marchas masivas han comenzado desde distintas facultades para confluir en Ciudad Universitaria. Las asambleas han estudiado rutas, horarios y acciones coordinadas, como lecturas públicas de manifiestos o actuaciones simbólicas sobre el deterioro de la educación pública.
El desenlace de la protesta es incierto y abre dos escenarios posibles. El más optimista es que la huelga consiga un impacto mediático y social suficiente para impulsar a la Comunidad de Madrid a abrir una mesa de diálogo y revisar el modelo de financiación. Esto permitiría estabilizar el presupuesto, recuperar inversiones aplazadas y reforzar los servicios esenciales para los estudiantes. El escenario más temido durante toda la movilización fue la posibilidad de que la protesta se diluya sin consecuencias prácticas. En ese caso, el deterioro podría acelerarse, las facultades perderían aún más recursos, aumentaría la masificación en aulas y la calidad educativa descendería de forma irreversible, lo que muchos temen que afectan incluso al valor de su título en el futuro.
Un punto de inflexión para toda una generación
Para la mayoría de los alumnos, esta huelga no es una protesta más. Es la defensa de un derecho que se sienten amenazados: la posibilidad de estudiar en una universidad pública de calidad. Una lucha que no solo trata de preservar el presente, sino también de proteger a quienes vendrán después. La sensación compartida es que el futuro de la educación superior en Madrid se juega en estos días. Están luchando por revertir la normalización de la precariedad y por mantener el legado de la institución para las próximas generaciones.
