¿Para quién son las ciudades turísticas? Baleares y Barcelona, entre el turismo y la vivienda

Manifestación del 26 de julio contra la turistificación en Mallorca. Foto: Ara Balears

• Las manifestaciones de este verano en Baleares y Barcelona han fijado la mirada en las problemáticas de la masificación turística en la costa mediterránea

• La turístificación ha agravado la crisis de la vivienda en las principales ciudades turísticas de España

En las Islas Baleares y en Barcelona, la pregunta ya no es cómo atraer a más visitantes, sino cómo gestionar a los que ya llegan. El 26 de julio, decenas de miles de personas recorrieron Palma de Mallorca, contra la masificación turística. Menos de dos meses después, el 20 de septiembre, 5.500 personas tomaron el paseo de Gràcia en Barcelona y otras 5.000 colapsaron Vara de Rey en Ibiza.

Las tres protestas compartieron un rechazo: la ampliación de los aeropuertos, el cansancio ante un turismo que irrumpe en la vida cotidiana de los residentes y la dificultad para acceder a una vivienda. Con el respaldo de plataformas vecinales y más de doscientas entidades sociales y medioambientales, las movilizaciones de 2026 pasaron de concienciar a exigir un giro estructural en el modelo económico.

Tres ejes concentraron el conflicto. El primero fue la vivienda, por el auge del alquiler vacacional y la especulación que, según los manifestantes, expulsa a la población local. El segundo, el consumo de recursos naturales y la saturación de la sanidad y el transporte. El tercero, el freno a la ampliación de los aeropuertos, que según los convocantes aumenta la contaminación ambiental y sonora y la presión turística.

Manifestantes con carteles contra la turistificación en la protesta «Mallorca al límite», celebrada en Palma el 26 de julio de 2026. Foto: El País.

El caso de las Islas Baleares

El caso de Baleares constituye uno de los principales debates sobre los límites del crecimiento turístico. Según Exceltur, el sector turístico representa el 45% del PIB autonómico de las islas. Lo que supuso unos ingresos de 16.367 millones de euros entre enero y agosto de 2026 según datos extraídos de la Encuesta de Gasto Turístico del INE. Esta cifra supuso un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Pero ¿qué supone este aumento para los residentes? Desde los colectivos de residentes y sindicatos se argumenta que el rendimiento económico del sector ya no compensa la precariedad masiva del coste de vida, la degradación de los ecosistemas y la pérdida del sentido comunitario y residencial. Plataformas autonómicas como Menys Turisme, Més Vida apuntan a la necesidad inmediata de medidas directas de decrecimiento como la prohibición tajante de alquiler vacacional en pisos residenciales, la congelación y reducción progresiva de las plazas hoteleras, el freno de los cruceros en puertos insulares, la paralización de las ampliaciones en el aeropuerto de Son Sant Joan, la regulación del número de coches de alquiler y el fin de la precariedad laboral en el sector turístico.

Manifestación en contra de la ampliación del aeropuerto en Ibiza. Foto: Cadena SER

Por otro lado, el sector empresarial y los grandes hoteleros defienden el flujo de turismo actual, afirmando que este es necesario para garantizar una estabilidad del empleo y la generación de riqueza en las islas. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) rechazan que el turismo regulado sea el responsable del crecimiento de las diferentes problemáticas, sino que la culpa radica en la oferta ilegal y la falta de inversión pública en infraestructuras y vivienda social. 

Por otra parte, la presidenta del Govern Balear Marga Prohens apunta hacia la búsqueda de un equilibrio, intentando conciliar ambas posturas, hablando del turismo como motor económico, pero orientando el discurso hacia la búsqueda de un “turismo de valor por encima del volumen”.

El caso de Barcelona

Barcelona es una de las ciudades con mayor densidad turística, clasificándose como la capital mundial del turismo masificado. A lo largo de cinco años la ciudad ha batido sus propios récords a la hora de hablar de turistas internacionales que la visitaron, afrontando una saturación que se concentra de forma agudizada en distritos como Ciutat Vella, el Eixample o Gràcia. 

La presión turística sostenida ha generado que Barcelona se convierta en uno de los núcleos urbanos más activos en la lucha contra la turistificación. Plataformas como la Assamblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), la red Zeroport, sindicatos de inquilinas y colectivos vecinales han propulsado una constante serie de movilizaciones que tuvieron comienzo en 2014 y que se extenderán hasta el cumplimiento de sus peticiones. En las manifestaciones de este verano han cobrado gran relevancia la oposición rotunda a la ampliación del aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, alegando que aumentar la capacidad de la infraestructura supondría un gran coste ambiental además de una mayor carga turística, estimando unos 20 millones más de pasajeros anuales. 

Manifestación en contra de la ampliación del aeropuerto en Barcelona. Foto: El País

Al igual que sucede en Baleares los diferentes colectivos alegan que el monocultivo turístico precariza el empleo y sobrepasa la capacidad comunitaria de la ciudad, exigiendo la eliminación de las licencias de viviendas de uso turístico (VUT) y una reducción sustancial de las escalas de cruceros, que según datos del Ajuntament de Barcelona, en el año 2025, 3,99 millones de cruceristas transitaron por su puerto. 

Por otro lado, entidades como el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Gremi de Restauració y la asociación Barcelona Global afirman que la ampliación del aeropuerto es la clave para que la ciudad cuente con rutas intercontinentales que le aporten valor. Además afirman que la solución al problema no es el decrecimiento, sino combatir la oferta ilegal.

Turismo y acceso a la vivienda

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en uno de los grandes problemas para quienes viven en algunos de los principales destinos turísticos de España. El encarecimiento de la vivienda dificulta que jóvenes, familias y trabajadores puedan independizarse o permanecer en los lugares donde viven y trabajan. En territorios como Islas Baleares o Barcelona esta cuestión abre una brecha importante entre la rentabilidad del turismo y la dificultad de acceso a la vivienda.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay un encarecimiento inmobiliario evidente. En el primer trimestre de 2026 el precio de la vivienda aumentó un 13,6 % interanual en las Islas Baleares y un 10,5 % en Barcelona. Estas cifras son correspondientes a la compraventa de viviendas, no de alquiler, aun así reflejan la presión existente sobre el mercado inmobiliario en estas zonas.

Gráfico sobre el acceso de la vivienda en Mallorca desde 2020 a 2025. Foto: Fotocasa e Infojobs.

El turismo contribuye a aumentar la competencia por la vivienda; la conversión de inmuebles en alojamientos turísticos, la demanda de alquileres turísticos, la capacidad económica superior de los visitantes. Sin embargo, el encarecimiento también depende de otros factores como la falta de vivienda, la demanda y las políticas urbanísticas. 

En Baleares, el debate está ligado al crecimiento del turismo de lujo y la llegada de compradores e inversores internacionales. El interés por las islas no se limita a las estancias vacacionales, sino que también puede extenderse a la adquisición de propiedades como inversión. Esta tendencia plantea interrogantes sobre quién puede permitirse vivir en un territorio donde la vivienda es cada vez más costosa.

Las consecuencias para quienes viven allí

La crisis de vivienda tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los residentes; jóvenes que no pueden independizarse, trabajadores que tienen dificultades para llegar a fin de mes y personas mayores que deben compartir piso o abandonar las islas. En 2025, Baleares registró el mayor porcentaje de personas que buscaron vivienda sin conseguir mudarse: un 10,6 %, según el INE.

En zonas donde el alojamiento turístico y temporal resulta más rentable, los residentes se enfrentan a una competencia adicional por encontrar un hogar asequible. Según el INE un  44,3% de jóvenes entre 26 y 34 años que vivían con sus padres manifestaron que no podían comprar o alquilar una vivienda en 2025 en España. En Barcelona, además, se contabilizaron 8.795 contratos de alquiler de temporada durante ese año, una modalidad que puede competir con la oferta de vivienda habitual. 

Además en octubre de 2026, Cadena SER recogió testimonios sobre jubilados que se ven obligados a compartir vivienda o abandonar Baleares por los precios. El reportaje situaba el alquiler de una vivienda de 65 m² en 1.308 € mensuales, frente a una pensión media de 1.442 €. Aunque el turismo no explica por sí solo la crisis, sí forma parte de un problema que condiciona quién puede seguir viviendo en estos destinos.

Esta situación plantea una cuestión que va más allá de los precios: si los residentes no pueden permitirse vivir en los lugares donde trabajan, existe el riesgo de que los barrios pierdan población estable y dependan cada vez más de una economía orientada al visitante. El reto está en compatibilizar la actividad turística con el derecho de la población local a acceder a una vivienda digna y asequible.

Manifestantes con una pancarta con el lema «Barcelona no está en venta» en la protesta contra el turismo masivo del 6 de julio de 2024 en Barcelona. Foto: El Mundo.

Soluciones: políticas públicas y sus resultados

La masificación turística ha pasado de ser una queja de los vecinos de las zonas más saturadas a una cuestión de agenda política. Las manifestaciones en Palma, Barcelona y otros destinos han presionado a las administraciones, que en los últimos años han ensayado medidas para frenar la presión sobre el territorio y el acceso a la vivienda.

La medida más visible es limitar el alojamiento turístico. Barcelona dejará de renovar las licencias de pisos turísticos hasta 2028 para devolver esas viviendas al mercado residencial, y Baleares frena las nuevas plazas y endurece el control de la oferta ilegal. Los colectivos vecinales advierten de que cerrar pisos turísticos no basta si luego pasan a alquileres de temporada, que escapan a la regulación y siguen siendo inasequibles.

Otra vía es la fiscalidad. La ecotasa balear y la tasa turística catalana buscan que el visitante contribuya a financiar los costes que genera. Sus defensores las ven como una herramienta de justicia y recaudación; los críticos dudan de que unos euros por noche disuadan a nadie de viajar y piden saber en qué se gasta lo recaudado. También se han limitado los cruceros en Barcelona, controlado los coches de alquiler en las islas y promovido el turismo de temporada baja.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una intervención en el Congreso de los Diputados. Foto: mallorca.com.

A ello se suma la política de vivienda: topes al alquiler en zonas tensionadas, suelo para vivienda protegida y más parque público. La regulación puede notarse pronto, pero el parque público exige décadas de inversión. En conjunto, ninguna medida basta por sí sola: las más sólidas combinan límites a la oferta turística, una fiscalidad con destino claro, una regulación efectiva y vivienda asequible. Las entrevistas ayudarán a comprobar si los vecinos notan ya algún cambio.

¿Para quién son las ciudades turísticas?

Las protestas que han recorrido este verano Barcelona y las Islas Baleares han puesto sobre la mesa una misma cuestión: El turismo no puede crecer al margen de las necesidades de quienes viven en estos territorios. Detrás de las manifestaciones hay una preocupación que va más allá de las aglomeraciones; el acceso a la vivienda, la transformación de los barrios y la posibilidad de mantener una vida cotidiana en lugares cada vez más orientados al visitante.

Aunque Barcelona y Baleares tienen realidades diferentes, ambas reflejan una tensión común entre los beneficios económicos del turismo y sus consecuencias sociales. En Barcelona, el debate gira en torno a la saturación de los espacios urbanos, la transformación de los comercios y la presión sobre la vivienda, en cambio, en Baleares, estas dificultades se suman al aislamiento por ser una isla, la dependencia económica del turismo y la presión sobre el territorio y los recursos.

El reto no consiste necesariamente en elegir entre turismo y residentes, sino en decidir qué modelo turístico se quiere construir y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costes. El turismo genera empleo e ingresos, pero su crecimiento también plantea preguntas sobre quién puede acceder a una vivienda, quién puede seguir viviendo en su barrio y qué tipo de lugares se están construyendo para el futuro.

Las reivindicaciones de los residentes dejan así una pregunta abierta: ¿de qué sirve que un lugar sea un destino atractivo para millones de visitantes si cada vez resulta más difícil vivir en él?