Borrar el arte: ¿proteger o censurar?

El mural de Banksy en los Reales Tribunales de Justicia de Londres. Fotografía: Banksy / Cadena SER
Dos obras polémicas, una en Londres y otra en Madrid, ambas reabren el debate sobre los límites de la libertad artística
Entre la protección de los espacios, los derechos de propiedad y la censura, ¿quién debe tener la última palabra sobre una obra?
¿Puede una obra de arte desaparecer porque incomoda? En septiembre de 2025 un mural de Banksy apareció en el exterior de los Reales Tribunales de Justicia de Londres. La imagen, que representaba a un juez golpeando con un mazo a un manifestante, fue cubierta y retirada dos días después. Las autoridades lo justificaron alegando razones sobre la protección del edificio histórico y la falta de autorización.
Años antes, en 2018 en España, la obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, fue retirada de la feria ARCOmadrid después de que IFEMA pidiera a la galería que la descolgara.
Ambos episodios tuvieron lugar en contextos y países diferentes, pero abren un debate sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y el papel de las instituciones culturales. ¿Cuándo responde una retirada a la protección de un espacio o a la gestión de una exposición y cuándo puede convertirse en censura? Para responder, hay que atender a las circunstancias de cada caso y a los derechos en conflicto.
Banksy y la retirada de una intervención en Londres
El 8 de septiembre de 2025 apareció un mural del artista británico Banksy en el exterior de los Reales Tribunales de Justicia de Londres. La imagen mostraba a un juez con peluca y toga golpeando con un mazo a un manifestante en el suelo, que sostenía una pancarta manchada de sangre. El artista publicó una fotografía de la obra en su cuenta de Instagram, aunque no explicó expresamente qué significado pretendía darle. Sin embargo, su aparición coincidió con un momento de especial tensión en torno al derecho a la protesta en Reino Unido.

Las autoridades cubren el mural de Banksy en la fachada del Tribunal Superior de Londres. Fotografía: EFE / Guillermo Garrido
Dos días antes, cerca de 900 personas habían sido detenidas durante una manifestación en Londres contra la prohibición de Palestine Action, un grupo propalestino que promueve acciones directas contra empresas e instalaciones vinculadas a la industria armamentística israelí. El Gobierno británico había prohibido la organización en julio de 2025, después de que varios activistas entrasen en una base aérea y dañaran aviones militares. Esta decisión provocó críticas y nuevas protestas por sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.
La proximidad entre la manifestación y el mural llevó a interpretar la imagen como una crítica al trato que reciben los manifestantes y al poder de las instituciones judiciales. No obstante, se trata de una interpretación, no de una intención confirmada por Banksy: la obra no mencionaba expresamente a Palestine Action ni a un caso concreto.
La intervención duró tan solo dos días. Las autoridades la cubrieron y ordenaron su retirada, alegando la protección del edificio histórico, catalogado por su valor patrimonial. La Policía Metropolitana abrió además una investigación por posibles daños criminales. El episodio enfrentó así dos cuestiones: el posible mensaje político de una obra y las restricciones que afectan a una intervención artística realizada sin autorización sobre un edificio protegido.

Restos del mural de Banksy tras su retirada en Londres. Fotografía: AP Photo / Euronews
Santiago Sierra y la polémica en ARCOmadrid
Un debate parecido, aunque en un contexto muy distinto, se produjo en España en febrero de 2018. La obra Presos políticos en la España contemporánea, del artista Santiago Sierra, se expuso en el stand de la galería Helga de Alvear durante ARCOmadrid. Estaba formada por 24 fotografías en blanco y negro, con los rostros pixelados de personas que el artista consideraba presos políticos. Entre ellas aparecían dirigentes independentistas catalanes como Oriol Junqueras, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart, que se encontraban en prisión preventiva por su relación con el proceso independentista catalán.
El término «presos políticos» fue uno de los aspectos más polémicos de la obra. La exposición coincidió con un momento de gran tensión política por el conflicto catalán y las actuaciones judiciales relacionadas con el proceso independentista. A través de las fotografías, Sierra ofrecía una visión crítica de estos encarcelamientos.

La obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra. Imagen: Galería Helga de Alvear y Estudio Santiago Sierra
Sin embargo, el mismo día en que ARCO abrió sus puertas a los profesionales, IFEMA, la entidad organizadora de la feria, pidió a la galería que retirara la obra. Según explicó la institución, la polémica generada estaba restando visibilidad al resto de las exposiciones. La galería accedió a la petición y las fotografías fueron descolgadas.
Sierra calificó la decisión de censura. La retirada abrió un debate sobre hasta qué punto una institución puede decidir qué obras se muestran, especialmente cuando el motivo está relacionado con la polémica que generan.

El espacio que ocupaba la obra de Santiago Sierra en ARCO 2018 tras su retirada. Fotografía: ABC
¿Gestión o censura?
Aunque ambos episodios plantean dudas sobre la libertad artística, las circunstancias fueron diferentes. Banksy pintó su mural sin autorización en un edificio histórico protegido, mientras que la obra de Santiago Sierra fue retirada de una feria de arte por decisión de la entidad organizadora. Para entender dónde termina la gestión de un espacio y dónde puede comenzar la censura, es necesario tener en cuenta tanto el valor artístico de las obras como los derechos que entran en conflicto.
La historiadora del arte Marta Costales Montiel destaca la importancia del lugar y el momento en el que se presenta una creación para comprender su significado. En el caso del mural de Banksy, su ubicación frente a los Reales Tribunales de Justicia condicionó la interpretación que hizo la sociedad. Como explica, «si esa obra de Banksy se hubiera expuesto en otro lugar completamente diferente o se hubiera expuesto en otro momento completamente diferente, hubiera tenido para la sociedad un significado completamente diferente».
Costales también señala que las dos retiradas tuvieron consecuencias distintas para las obras. Mientras que las fotografías de Sierra podían descolgarse y conservarse, retirar el mural de Banksy suponía destruir la intervención original. Por ello, considera que en Londres existía una justificación relacionada con la protección del patrimonio, aunque no descarta que también pudiera haber una dimensión censora.
Su interpretación del caso de Santiago Sierra es más contundente. La historiadora considera que la retirada se acerca mucho más a la censura, ya que la obra se encontraba en una feria dedicada precisamente a la exposición de arte contemporáneo. Al valorar lo sucedido, afirma que «es casi, podemos decir, completamente una retirada por censura». Como alternativa a la retirada de una obra polémica, Costales plantea la posibilidad de contextualizarla, ofreciendo información sobre su origen y significado para facilitar su comprensión.
Desde el punto de vista jurídico, Elisa Gutiérrez García, doctora en Derecho y licenciada en Comunicación Audiovisual, además de experta en propiedad intelectual y derechos de autor, recuerda que la libertad de expresión y la creación artística son derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española. Sin embargo, explica que no son derechos absolutos y que pueden entrar en conflicto con otros, como la propiedad, el honor o la propia imagen. Por eso, cada situación debe analizarse de manera individual.
Esta cuestión resulta especialmente relevante en el caso de Banksy, ya que el mural se realizó sin autorización sobre una propiedad ajena. Gutiérrez considera que esta circunstancia dificulta que el artista pueda exigir que su obra permanezca en ese lugar. En palabras de la jurista, «es difícil alegar el derecho de un autor cualquiera a mantener su obra en una propiedad ajena que ha empleado sin permiso de su titular». No obstante, también señala que el valor cultural de una creación puede introducir otros elementos en el debate. Su análisis se refiere al marco jurídico español, por lo que no constituye una valoración directa de la legislación británica aplicable al mural de Londres.
En cuanto a la retirada de la obra de Santiago Sierra, Gutiérrez distingue entre la libertad de expresión y el derecho a que una creación sea expuesta en un espacio determinado. La jurista plantea la decisión como empresarial y considera que IFEMA podía decidir qué obras quería mostrar en su feria. Como explica, «el artista no tiene un derecho a que su obra se exhiba más allá de lo pactado en el contrato que hayan acordado». También diferencia esta decisión de la censura previa ejercida por los poderes públicos, que está prohibida por la Constitución.
La retirada de una obra no responde siempre a los mismos motivos ni tiene las mismas consecuencias. Puede implicar la protección de un edificio, una decisión sobre los contenidos de una exposición o un conflicto entre distintos derechos. Los casos de Banksy y Santiago Sierra muestran que determinar si una retirada constituye censura exige analizar cada situación, sus circunstancias y las razones que la justifican.