La realidad de compaginar trabajo y estudios: el desgaste invisible de la doble jornada

Persona trabajando desde un ordenador portátil. Fotografía de María García

• La rigidez del sistema educativo y de las empresas que dificulta la conciliación académica y laboral

• El impacto de compaginar los estudios con el trabajo en la vida personal, el bienestar y la salud mental de los jóvenes

Asistir a clase a diario, tener que irse corriendo hacia el puesto de trabajo y rascar horas de donde no las hay para preparar exámenes se ha normalizado bajo la cultura del esfuerzo, pero para la mayor parte del alumnado supone una carrera a contrarreloj. Mientras algunos tienen la suerte de poder conciliar ambas responsabilidades con cierta holgura gracias a contratos flexibles, otros se ven obligados a interrumpir sus estudios o sacrificar su rendimiento académico, su ocio, sus horas de descanso y su salud —tanto física como mental— por un sistema educativo que premia a quienes se dedican exclusivamente a estudiar y castiga a los que tienen que trabajar para poder subsistir, ahorrar algo de dinero o costearse la matrícula. Esta es la carga real de quienes no pueden permitirse el lujo de ser únicamente estudiantes. 

Los números detrás de la doble jornada

La imagen idílica de la universidad como una etapa dedicada en exclusiva a las clases, estudios y exámenes dista mucho de la realidad. Más allá de esa percepción, una parte considerable del alumnado mantiene una rutina en la que estudian y trabajan al mismo tiempo.

Según Eurostat, el 16 % de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años compatibiliza estudios y empleo, frente al 25,4 % de media en la Unión Europea. Por otro lado, los datos de 2026 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan al 33 % la proporción de jóvenes de 16 a 29 años que estudia y trabaja simultáneamente, frente al 26 % registrado tras la pandemia.

Gráfico: Evolución del porcentaje de la población que compagina estudios y trabajo (2013-2023). Fotografía del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (EPA 2023)

En el ámbito regional, el informe Via Universitària 2023-2025 constata que el 51,7% de los estudiantes de las universidades de Xarxa Vives compagina los estudios con el trabajo. La muestra abarca 22 universidades de Andorra, España, Francia e Italia, donde existe una presencia significativa de población catalana, por lo que sus resultados no representan a todo el conjunto de los universitarios españoles, pero sí que distingue que hay diferencias en el nivel de compromiso de los estudiantes: el 27,8% de los estudiantes trabaja menos de 15 horas a la semana, y el 19,4% trabaja entre 15 y 35 horas a la semana. Además, el 4,4% trabaja a tiempo completo.

La relación entre estudiar y trabajar es compleja y se ha demostrado que está relacionada con las condiciones de vida de los universitarios. Según la última investigación elaborada por la Fundación CYD, el 51,2% de los estudiantes universitarios españoles viven con sus padres. Otros tipos de alojamiento incluyen residencias de estudiantes (16%) y pisos compartidos (21,7%).

En cuanto a la inserción laboral, los datos de la investigación muestran que el 51,2% de la muestra no tiene trabajo, y de los que sí trabajan, solo el 30% realiza una actividad relacionada con su campo de estudio. Esto significa que, en la mayoría de los casos, trabajar mientras se estudia no brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia laboral relacionada con su campo de estudio.

Como se menciona en el documento, existen diferencias en los sistemas de educación europeos. Por ejemplo, los estudiantes de los países nórdicos, que se conocen por su excelencia académica, inician sus estudios de educación superior a una edad aproximada de 20 años. Al observar las condiciones de vida de los estudiantes en Europa, esto es sin duda una de las muchas variables que deben tenerse en cuenta. Por ello, cabe destacar que trabajar y estudiar simultáneamente no es igual para todos. Es imprescindible tener en cuenta la edad, el lugar de residencia, la situación y las condiciones particulares del contrato de trabajo, para comprender plenamente el caso de cada estudiante.

¿Obligados a trabajar para poder estudiar?

Para miles de jóvenes, el acceso a la universidad implica hacer las maletas y tener que abandonar su hogar. La concentración de universidades y de grados exige a menudo un traslado a una gran ciudad. Esto a su vez significa añadir una serie de gastos al presupuesto personal que no todo el mundo puede permitirse: el coste de la vivienda, la comida, el transporte y el material académico acaba forzando a muchos a buscar un empleo.

Vista nocturna de la fachada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Fotografía de Yifan Carballo

La situación se agrava en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el coste de vida hace que los estudiantes apenas puedan permitirse alquilar una habitación y que las únicas opciones asequibles sean las habitaciones compartidas. En muchos casos, las familias no cuentan con los ingresos suficientes para mantener a varios hijos a la vez, por lo que ayudarlos a vivir fuera de casa resulta inviable. Algo similar sucede con aquellos que se quedan en su ciudad de origen, ya que no todo el mundo puede contar con la ayuda de sus padres para cubrir sus necesidades básicas.

En este contexto, compaginar los estudios con un trabajo deja de ser una elección para ganar independencia y se convierte en una imposición. Trabajar permite aliviar la economía, pero exige encajar una jornada laboral con las exigencias académicas. El nivel de renta y el lugar de residencia marcan así una brecha insalvable en la universidad: mientras unos disfrutan su experiencia universitaria, otros no tienen más remedio que trabajar para mantenerse y costearse la carrera.

Por qué los jóvenes estudiantes entran al mercado laboral

Aunque el ahorro personal o sumar experiencia laboral al currículum suelen ser motivos habituales para buscar empleo entre los jóvenes, la entrada al mercado laboral durante la etapa universitaria está marcada en España por una profunda necesidad económica y una gran brecha de clase. Según los informes de la Fundación CYD y del proyecto EUROSTUDENT, en nuestro país solo aproximadamente un tercio de los universitarios trabaja de forma regular durante el curso —una tasa bastante inferior al casi 50 % de la media europea, donde los programas que combinan estudio y trabajo y la flexibilidad horaria facilitan la compatibilización al estar mucho más asentados—. Sin embargo, quienes se ven obligados a hacerlo asumen jornadas agotadoras para evitar la exclusión académica por no poder pagar la matrícula.

Sesión de orientación laboral. Fotografía de Asociación Norte Joven

Asimismo, las investigaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y del Observatorio del Estudiante de la UCM señalan que más del 40 % de estos alumnos destina la totalidad de sus ingresos a costear la vivienda en ciudades con el alquiler por las nubes, hacer frente a la cesta de la compra y afrontar el pago fraccionado de las matrículas, una carga que recae sobre el alumnado procedente de familias sin estudios superiores y con menos recursos económicos. Para ellos, ante la insuficiencia y el retraso en el cobro de las becas públicas, los contratos temporales en hostelería, comercio o reparto se convierten en su única salida para poder mantener su plaza en la universidad.

En definitiva, la inserción laboral de los universitarios en España responde a dos realidades opuestas: la de quien busca experiencia o ingresos para sus gastos personales, y la de quien ficha cada día para no verse obligado a dejar la carrera. Mientras para unos el trabajo representa un paso voluntario hacia la autonomía, para los estudiantes con mala situación económica es la única manera que tienen para mantener viva la posibilidad de graduarse algún día.

Cuando la doble jornada pasa factura

Compaginar el trabajo con los estudios suele pasar factura de forma inmediata, algo que se traduce sobre todo en peores notas y en el deterioro del bienestar físico y psicológico. Desde la Universidad Complutense, los estudiantes señalan además la renuncia casi total al descanso, al ocio y a la vida social por culpa de un ritmo diario inasumible que reduce significativamente su tiempo libre.

Según los datos de EUROSTUDENT, los universitarios españoles que trabajan más de 20 horas semanales sufren un retraso significativo en su titulación y reducen sus horas efectivas de estudio personal a menos de la mitad en comparación con quienes dedican todo su tiempo al estudio. Esta sobrecarga no solo compromete las calificaciones, ya que informes del Observatorio del Estudiante de la UCM confirman que más del 60 % de estos alumnos manifiesta niveles críticos de estrés crónico, insomnio y agotamiento derivados de la falta de descanso, mientras que las encuestas del Ministerio de Universidades sitúan la imposibilidad de conciliar los horarios laborales con las prácticas obligatorias como uno de los principales desencadenantes directos del abandono universitario en los dos primeros cursos.

La repercusión en la salud mental del estudiante que trabaja. Fotografía de Getty Images

Sin adaptaciones horarias ni alternativas viables para compaginar el empleo con las exigencias de las clases, la necesidad económica termina dictando quién acaba su carrera y quién se queda en el camino.

La falta de flexibilidad de un sistema que no da margen para conciliar

Así es cómo la doble jornada ha dejado de ser un simple esfuerzo individual para convertirse en un factor de segregación. Quienes necesitan un salario para costearse la carrera no solo compiten en inferioridad de condiciones frente a sus compañeros, sino que sufren consecuencias que llevan a muchos al abandono forzoso. Las universidades y otros centros educativos, todavía estrictos en horarios y presencialidad, convierten la necesidad económica en un obstáculo para poder titularse.

El modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), diseñado bajo la premisa de una evaluación continua y una asistencia casi obligatoria choca directamente con la precariedad juvenil. Aunque la normativa universitaria contempla formalmente la matrícula a tiempo parcial, en la práctica resulta un callejón sin salida cuando tocan parciales, trabajos grupales o prácticas obligatorias que requieren presencialidad.

A esto se suma el choque entre el Estatuto de los Trabajadores y las exigencias del mercado laboral. A pesar de que el artículo 23 reconoce formalmente el derecho a la adaptación de la jornada, la preferencia de turno y los permisos retribuidos para asistir a exámenes, la realidad es que en sectores dominados por la temporalidad, las horas complementarias y la alta rotación, las empresas suelen considerar la condición de estudiante como un estorbo: solicitar un cambio de cuadrante para acudir a una clase obligatoria o pedir un día por examen se interpreta a menudo como una falta de compromiso, cuando no desencadena la no renovación del contrato o el despido inmediato. La ley protege sobre el papel, sin embargo, el miedo a perder su única fuente de ingresos termina forzando al alumno a ceder ante la empresa y anteponer el trabajo a sus estudios.

El reto pendiente de garantizar el derecho a estudiar y trabajar sin que sea necesario morir en el intento

La independencia económica y la experiencia laboral son beneficios que pueden apreciar los que eligen compaginar empleo y formación, pero para aquellos que tienen que trabajar para estudiar, la situación se vuelve insostenible. Lejos de ser una decisión libre, la falta de alternativas institucionales empuja a estos alumnos a una carrera de obstáculos donde a menudo se cuestiona su rendimiento sin atender a su realidad.

El foco no debe ponerse en el esfuerzo individual: corresponde al sistema, tanto educativo como laboral, garantizar medidas reales de conciliación. Ningún estudiante debería verse obligado a comprometer su salud física y mental para obtener un título.